lunes, 27 de febrero de 2012

El ex jefe militar hace teatro con un rosario y una cruz

Pappalardo conocido con su crueldad.

En un clima tenso, el militar Pappalardo se declaró inocente y pidió la absolución
 Un policía con escudo protegió la espalda de Pappalardo durante la media hora de su defensa.
Negó todos los cargos que lo inculpan en el caso Moreno. Sacó una cruz y un rosario, y quiso engañar al Tribunal leyendo un documento sólo en la parte que lo beneficiaba. Indignación de familiares y militantes.

Sin arrepentimientos, con rostro incólume y voz enérgica, Roque Italo Pappalardo enfrentó el micrófono. Eran las 11.25. Pidió una pizarra para dibujar sus argumentos, pero al final, nunca la uso. Al jefe militar le llueven pruebas en su contra: múltiples torturas, secuestros y desapariciones en Tandil lo señalan como organizador y ejecutor. Y en pleno estado de derecho, hizo uso de la facultad que le asiste: declarar ante la Justicia. Una oportunidad que ninguna de sus víctimas tuvo en los oscuros años de la dictadura.
La sexta jornada del juicio oral y público por el asesinato de Carlos Alberto Moreno halló en el testimonio de uno de los imputados un momento que paralizó a todos en el Aula Magna. Al hablar el castrense, en el auditorio se dejaban ver rostros con lágrimas, signos de impotencia: algunos abandonaron la sala, porque no podían aguantar las palabras del hombre acusado de crímenes aberrantes.
Pappalardo pidió hablar en medio de un sinnúmero de testimonios que lo apuntan como el autor de interrogatorios salvajes, a punta de picana y sin contemplación alguna. En su discurso, confrontó de lleno con el fiscal general Daniel Adler, y hasta se animó a leer un documento en forma parcial, destacando sólo la parte que lo beneficiaba y soslayando el resto, cuestión que le valió la advertencia del juez Roberto Falcone.
En concreto, el ex integrante del Ejército basó su defensa en tres ejes: primero, que el área en que se desempeñaba no intervenía en operativos "contra la subversión"; segundo, desmentir una comunicación vía radio entre la Policía y su persona para liberar a Ojeda tras la persecución a Moreno y marcar contradicciones en la testigo clave Petronella Posal, casera del club "Los Cardos" que vio todos lo que sucedía en la Quinta de Méndez.
A su vez, y ya fuera de la causa, Pappalardo prefirió no referirse a la guerrilla, y dijo "no compartir los métodos" de provocación en medio de este tipo de juicios. También se amparó en la religión al sacar una cruz y un rosario, símbolos cristianos que el Tribunal respetó pero solicitó apartarlos del proceso, "ya que aquí estamos juzgando un hecho del que usted es imputado y la fé no tiene nada que ver", especificó Falcone.
Luego de que el castrense arremetiera contra las "vaguedades" de la acusación, se levantó y salió de la Universidad Nacional del Centro como en cada jornada del debate: bajo una andanada de epítetos que lo sindican como asesino y torturador, fuertemente custodiado por la Policía.


"NUNCA JUAREZ PUDO HABLAR POR RADIO CONMIGO"

La declaración de Pappalardo se dio en un clima de mucha tensión. Cerca de las 9, antes de comenzar la audiencia, un joven fue retirado de la sala porque al entrar los procesados, gritó: "milico hijo de puta, cagón, cobarde, Pappalardo, yo estoy orgulloso de mi viejo". El chico también cargó contra Julio y Emilio Méndez.
Minutos después, cuando se retomó el debate, la defensora oficial del jefe militar anunciaba que su asistido iba a declarar. Era la primera vez que uno de los 5 imputados brindaba la indagatoria. Pappalardo no permitió preguntas, y leía un ayuda memoria. Describió la cadena de mandos del Ejército, para sostener que el Batallón Logístico donde él era jefe no intervenía en procedimientos que los militares denominaban "antisubversivos", sino que lo hacían las unidades de combate, así como el Regimiento de Infantería, Caballería y otros.
A su vez, afirmó que técnicamente era "imposible" una comunicación radioeléctrica entre el oficial Juárez (detenido por falso testimonio) y su persona para liberar al militar demorado por la Policía en cercanías de la chacra. "No existe ninguna Radio Experimental Ejército", añadió el acusado. "El fiscal habla de generalidades, pero nunca dice cómo, qué y cuándo. Es más, nunca dice Pappalardo dispuso" tal cosa, alegó.
"Mal me pueden endilgar tareas propias de un jefe de batallón, cuando yo era el tercero en la escala de mando, tenía dos superiores arriba", dijo para desprenderse de los cargos. Y desmintió que haya recibido "órdenes de ese tipo", esto es, secuestrar, torturar y matar personas. Como algunos fragmentos de su relato adelantaban términos del alegato -paso procesal que vendrá después-, Pappalardo fue instado a hablar del caso Moreno, y sólo de eso. Pappalardo también cometió un fallido al proferir: "en el lugar en que supuestamente se mató a Méndez", cuando la víctima es Moreno, y Méndez está acusado de colaborar para mantener cautivo al abogado laboralista olavarriense.
"En conclusión, el oficial Juárez nunca pudo hablar por radio conmigo porque no podía haber tal comunicación", reiteró al sostener que las manifestaciones del policía "carecen de fundamento". Pappalardo también ironizó deslizando que algunos de los presentes en el público "se acuerdan del ataque al Regimiento de Azul en 1974 porque quizás hicieron algún aporte logístico" al ataque "guerrillero". Ese improperio le costó la inmediata amonestación del Tribunal, que exigió “respeto” en el desarrollo de la audiencia.
Tras estos dichos, y el cuarto intermedio hasta el jueves próximo a las 12.30, se llevó a cabo el tumultuoso egreso de los 4 imputados -faltó José Luis Ojeda-. Efectivos de la Bonaerense y la Federal montaron un operativo de distracción para que los militantes no se abalanzaran contra los patrulleros. Y fragmentaron la salida en dos puertas.

PERITO

Por otro lado, se supo que el ex teniente coronel Aníbal Verdura, organizador de la represión ilegal en Olavarría, debía declarar como testigo en esta causa pero desde la provincia de Corrientes se excusó por razones médicas, mediante un certificado de su galeno personal. De todos modos, los jueces ordenaron que un perito forense determine si la gravedad de su cuadro le impide comparecer.

BALQUINTA Y SU INTERCESIÓN ANTE VERDURA

El ex comisario Alberto Balquinta estaba al mando de la Comisaría Primera de Olavarría en 1977, cuando ultimaron a Moreno. Ayer asumió que tomó la denuncia de la desaparición del abogado, formulada por los letrados Rocha Campos y Aramburu. "Eso se elevó al juez Pagliere y no recuerdo más", remarcó. Pero su rol en el tema no concluyó allí. Balquinta le gestionó a los miembros de la Asociación de Abogados una reunión con Verdura en la propia seccional, cuando ya se había consumado el asesinato. "En ese momento, Verdura estaba en Tandil, no sé porqué", adujo. Ante la insistencia del fiscal Adler, sobre las hipótesis que manejaba la Policía como responsable de la investigación, respondió: "lógicamente que eran fuerzas militares, ahí nos enteramos de todo". Esta declaración fue suspendida y continuará la semana que viene, a la espera de documental que "refresque la memoria" de Balquinta.

LA EMOCION DE LAS VICTIMAS

También hablaron ayer los ex detenidos Victoria Argentina Rodríguez, Jorge Puggioni, Anselmo Luján Gómez, Carlos Saglul y Walter Fernández. Estas declaraciones volvieron a conmover por el dramatismo y la crueldad que sufrieron en sus cautiverios, con patrones comunes como "La Huerta", la quinta "Las Acacias", el ISER y posiblemente la Quinta de Méndez como los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad.

SU FRAGIL SALUD LE IMPIDIO DECLARAR

Las expectativas del juicio también estaban depositadas en la palabra de Petronella Paula García de Posal, la ex casera de "Los Cardos" que con sus ojos registró los días en que militares ocuparon la casa de la chacra de Méndez, donde por las noches se escuchaban gritos de personas sufriendo. La anciana fue traída por la fuerza pública, en silla de ruedas. Su testimonio era clave, pero la frágil salud mental de la persona hizo inviable el testimonio. Al entrar la abuela dijo en forma espontánea: "lo agarraría del cogote a Méndez, te vendiste por unos pesos". También lloró al grito de "porqué me hacen esto a mí", evidentemente molesta con la obligación de comparecer.

domingo, 26 de febrero de 2012

El asesinato de Carlos Moreno por encargo de las cementeras


A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977, mientras investigaba y ya había denunciado a Loma Negra por una enfermedad respiratoria que contraían los obreros del sector Embolsado, llamada silicosis. Moreno le había ganado a la empresa por lo menos tres demandas representando a algunos de los obreros que se ofrecieron incluso a hacerse una operación a “pecho abierto” para hacer los estudios que revelaron el problema. Los datos de la Dipba y la información que se recopiló en la investigación dan cuenta de que él no estaba vinculado con organizaciones políticas o gremiales, sino que era un abogado comprometido con los trabajadores. Las fichas de la Dipba lo encolumnan en el “peronismo pacifista”.

Los hijos de Moreno, Matías y Martín, asocian su muerte a los reclamos a Loma Negra. Hay, a esta altura, pruebas que fueron recogiendo en el juicio que avalan esa hipótesis. Por un lado, el fiscal federal Daniel Adler aportó los expedientes de los casos que Moreno llevó adelante y le ganó a la empresa. Por otro, están las fichas de la Dipba que lo desvinculan de una relación política. Y el jueves pasado, por ejemplo, declaró un testigo clave que apuntaló esa dirección. Ignacio Miguel Ruppel dijo que le ganó una demanda a una de las cementeras, y al día siguiente el mayor Roque Italo Pappalardo lo secuestró.

Esos son algunos elementos que hacen concluir que el homicidio se hizo por encargo del poder económico. Una de las escenas del día del asesinato de Moreno también agrega otro dato. Es el momento en el que el jefe de la Unidad Regional de Azul, el teniente coronel del Ejército Aníbal Verdura, le entrega el cuerpo a su familia. Para entonces, en Olavarría se había armado un revuelo porque los obreros de AOMA se levantaron para reclamar por el homicidio. El jefe, en ese contexto, le dijo a la familia que sólo les entregarían el cuerpo si lo enterraban fuera de Olavarría.

La ficha

- Carlos Moreno, “actividades de neto carácter subversivo”.

Los peritos encontraron dos fichas de Carlos Moreno en los archivos de la Dipba. La primera es del 11 de marzo de 1974. Ubicada en la Carpeta 37, con los registros de las agrupaciones políticas, bajo el legajo 271 de la Juventud Peronista Pacifista de Tandil, dice:

Apellido: Moreno
Nombres: Carlos
Nación: Argentina
Matrícula Nº: 4.987.004
Domicilio: Collinet Nº 2733


El informe firmado por el oficial inspector Luis Oscar Calcagno, jefe de la Delegación de la Sipba de Azul, expone que “el señor Carlos Moreno, de profesión abogado, Matrícula Nº 4.987.004, pertenecería a la Juventud Peronista Pacifista en la ciudad de Olavarría”. Más adelante, ya después del asesinato, aparece otro legajo. El nombre aparece en la sección “DS”, es decir personas caracterizadas como “subversivas” o “terroristas”. La ficha es del 20 de mayo de 1977 y recoge una denuncia que habían hecho sus allegados en Tandil. Hay una cita del entonces juez de la causa, Carlos Pagliere: en el punto tercero hace saber “la confirmación oficial del comunicado emitido por las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército, en el que se involucra en forma inequívoca a Carlos Alberto Moreno como activo protagonista de actividades de neto carácter subversivo”.

Socios en la represión y los negocios

El espionaje de la bonaerense y la empresa a los trabajadores de Loma Negra durante la dictadura

Los documentos revelan que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, se creó un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe se presentará en el juicio en el que se investiga el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.

Por Alejandra Dandan
Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos.

En 1976 la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires tomó nota de las leyendas rociadas con aerosol en las paredes de un secadero, dos baños y una ducha de una de las cementeras de Olavarría. “Unidad y lucha”, decía una en reclamo de un aumento de salario. “No al hambre.” “El pingo será de los obreros organizados.” No era la primera vez, sin embargo, que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inmiscuía entre los obreros de la zona. Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos. Y en particular, lo fueron los obreros de la cementera de Loma Negra.

A una semana de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, un informe sobre los archivos de la ex Dipba revisa varios casos de persecución en la zona y se detiene en un expediente que demuestra que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, los espías crearon un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que está a cargo de aquellos archivos, será la base sobre la que darán testimonio esta semana varios obreros en el juicio oral de Tandil. El juicio investiga el secuestro y asesinato de Carlos “El Negro” Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representó a los obreros de Loma Negra en varias causas judiciales porque en medio del proceso de producción contraían una enfermedad en los pulmones. Los documentos de la Dipba muestran a Moreno como un “peronista pacifista”. La ausencia de datos que lo vinculen con una organización política, y entonces a la categoría de “subversivo”, abrió las preguntas de por qué lo mataron. Los testimonios que surgieron en el juicio y las pruebas que presentó el fiscal federal Daniel Adler con antecedentes de las batallas judiciales que Moreno llevó adelante y ganó, con costos millonarios para la empresa, abonan la hipótesis de que pudo haber sido un crimen por encargo. ¿Por encargo de quién? La hipótesis más importante es que se haya tratado de un crimen por encargo del poder económico (ver nota aparte).
Los largos brazos de la Dipba

El nombre del organismo de inteligencia de la Policía Bonaerense es tan largo como la extensión que tuvieron sus brazos. La Dipba escudriñó las actividades de AOMA desde los años ’50 hasta los años ’90: “De la lectura de los legajos surge con claridad el énfasis puesto en esa Asociación”, dice el informe de la Comisión. “Podemos observar los registros de cada uno de los sindicatos durante 40 años: 40 años de vigilancia, infiltración, hostigamiento, es decir, 40 años de persecución ejercida por la Dipba bajo sus distintos nombres, sobre alrededor de 3000 obreros del cemento, cal y derivados, y sus formas organizativas, en un solo partido de esta provincia: Olavarría.”

El caso especial es Loma Negra: “Si bien en cada uno de los sindicatos o seccionales de AOMA, la Dipba hizo análisis de sus comisiones directivas, de sus integrantes, con datos personales y caracterización de pertenencia política; infiltración de sus asambleas, de quiénes participaban, cómo y dónde lo hacían, es sobre la seccional Cemento Portland-Loma Negra donde hicieron mayor hincapié”, continúa el informe en el que trabajó la perito Claudia Bellingeri, directora del programa Justicia por los Crímenes de Lesa Humanidad.
Perturbaciones en el horno número 7

Uno de los documentos paradigmáticos es de 1979. El legajo 88 ubicado en la sección de la Mesa B, dedicada a las actividades obreras y fabriles, se llama: “Loma Negra SA Anexo I - Olavarría”. A ojos de la Comisión, “permite ver, en parte, las relaciones de la empresa con las fuerzas represivas, por ejemplo con la inclusión del personal de la comisaría de Olavarría en tareas de vigilancia interna a pedido de la empresa”. Un dato que se repite años después, en otro legajo, que dice: “A requerimiento de la fábrica cúbrese servicio con personal de la Cría. Olavarría, sub Cría. Loma Negra e Infantería Azul, a cargo Crío. Julio Néstor Cazaux supervisado por Crío. Inspector Daniel Pérez”.

El legajo empieza con una carta “reservada” entre dos funcionarios de Loma Negra y contiene un informe con problemas de los últimos tres meses, detrás de los cuales intuyen un sabotaje. La carta, dirigida al director ejecutivo, la escribió el gerente de superintendencia de la fábrica, ingeniero Juan R. Pené. La cosa es tan protocolar que le puso un título: “Perturbaciones durante la ampliación del horno 7”.

La carta es sólo el comienzo del legajo. Los problemas estimularon la creación de un grupo especial para hacer tareas de inteligencia en la fábrica. A la cabeza del grupo se puso el director de Inteligencia Interior, comisario mayor Alberto Rousse, que sumó a hombres de la comisaría de Olavarría y de la Brigada de Investigaciones de Azul, entre otros. Según los informes, poco a poco se convencieron de que todos los problemas estaban localizados en una sola área: la del horno número 7. El lugar donde trabajaban las contratistas de la fábrica.

Las contratistas, dijeron, “han tenido problemas salariales con su personal dado que en el momento del contrato prometieron montos que no se concretaron en el momento de cobrar, lo que fue superado pero no solucionado, quedando latente la disconformidad de muchos operarios (...). Debemos tener en cuenta que todos los problemas aparecen en la zona del horno 7, que se encuentra precisamente en el área donde llevan a cabo su trabajo las empresas contratistas”.

Convencidos de que la planta “toda es tremendamente vulnerable”, explicaron en ese mismo informe que la situación parecía producto de la actitud de algunos disconformes, por lo tanto no organizados. En el punto final sugieren el alcance del acuerdo con la empresa: “Respecto de la reunión de información, ésta se verá grandemente facilitada –dicen– y será obtenida directamente en el terreno por dos suboficiales que han sido infiltrados y ya se encuentran desarrollando tareas como vulgares operarios en la planta y precisamente en los lugares físicos donde aparecieron las irregularidades”.
La evolución

Los documentos de la ex Dipba sobre los obreros de AOMA revelan cómo fueron creciendo gradualmente los seguimientos sobre el gremio y los de Loma Negra: los primeros informes son de 1954 y muestran a la comisaría de Olavarría recabando datos; luego avanzan hacia los momentos de huelgas con presencias de agentes infiltrados; más tarde sitúan la intervención de la SIDE y un pedido de información en una huelga, hasta llegar más tarde a la formación del grupo especial para las tareas de inteligencia dentro la empresa.

La mayoría de los legajos están en la Sección Mesa B. Uno de los más importantes, porque reúne en forma parcial tareas de seguimiento constantes entre 1951 y 1980. Es el legajo Nº 3, llamado “Asociación obrera minera argentina, Olavarría”. Al comienzo, el informe de 1954 muestra que ya para entonces existía un canal de información entre la comisaría de Olavarría, la delegación de Inteligencia de la Unidad Regional de Azul y la Dipba, con una delegación probablemente en Azul. Quien hace el pedido solicita a la comisaría los nombres de la comisión directiva de AOMA y también de sus “ideologías” políticas. En 1958 se ve el informe de un agente de Inteligencia encubierto llamado José Portas Vásquez, que se infiltra en una asamblea y envía los datos al jefe de la Sección Búsqueda de la Policía, comisario Emilio Mandagarán. En 1964 aparece Loma Negra: esta vez, en medio de una huelga, la SIDE requiere informes de los obreros de la cementera. Les pide a los espías nombres de la comisión directiva y de los afiliados del sindicato de obreros del cemento, cal y anexos de Loma Negra. A fin de 1971, otro documento muestra que existen varios canales de distribución de la información: un memorándum dirigido al inspector general Héctor Etchepare con detalles de un informe de otro agente infiltrado en una asamblea de AOMA en el conflicto con una empresa, pasa al ministro de Gobierno, el jefe de Policía, el subjefe de Policía, al jefe del Destacamento Inteligencia 101, al Primer Cuerpo del Ejército y al jefe del Batallón Inteligencia Militar 601, entre otros destinos.

Años después la carpeta sigue creciendo. En 1973 enumeran los nombres de la comisión directiva con mandato hasta 1975 y detallan procedencias políticas. Y aunque el legajo no tiene más información hasta 1980, hay otros que muestran la actividad de la Dipba sobre los obreros del cemento durante la dictadura.

En la misma Mesa B, el legajo 18 muestra en su última foja un listado de la comisión directiva de AOMA, seccional Calera Avellaneda, que asumió el 10 de enero de 1976. Y ese mismo año, en otro legajo del 6 de octubre, los espías sondean las paredes de dos baños, secadero y duchas generales de la empresa LOSA. El legajo está ubicado en la Mesa DS, dedicado a los sospechados de actividad “subversiva”: y “corrobora la presencia de personal de Inteligencia en el interior de la fábrica –dice el informe–, en particular la vinculación del capataz Fermín Cornejo con el personal policial. La Dirección de Inteligencia después de investigar sobre unas pintadas que aparecen solicitando aumento salarial se instala en la fábrica para realizar tareas encubiertas de persecución política”.

A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977. Para los peritos del archivo, estos antecedentes son importantes: “Dan cuenta del contexto que se vivía en Loma Negra”.

martes, 21 de febrero de 2012

Nuevos testimonios sumaron a la acusación de la relación de Emilio Méndez con los militares

En el cuarto capítulo del juicio oral y público por el secuestro y asesinato del abogado Carlos Moreno en el 77 se sumaron nuevos testimonios que ayudaron a la hipótesis fiscal para hilvanar la relación entre Emilio Méndez y los militares. Contundentes relatos sobre la impunidad con que se buscó tapar el asesinato del letrado laboralista.
 
Ayer se sumaron nuevos testimonios en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, quienes a sus modos y sus formas aportaron más elementos que dejan sentado cómo funcionó el circuito represivo de la dictadura y cómo actuó cuando se emplazó en la chacra de los Méndez hasta la muerte del letrado olavarriense.
Fueron seis los vecinos que desde las 8.30 hasta pasadas las 15 desfilaron frente el Tribunal Federal, testimonios con los que la fiscalía buscó sumar más elementos para acreditar dónde murió Moreno, mientras que desde la querella intentó encontrar lazos que unan la relación cívico militar. Más precisamente la de los militares y los Méndez.
Con la ausencia acordada de Tommasi y Pappalardo, los imputados volvieron a ubicarse detrás de sus defensores bajo una estricta custodia. A escasos metros, nuevamente –como a lo largo de todas las audiencias- el público colmó la sala del Aula Magna que resultó escenario ya de novedades varias a pesar de que se está ventilando un caso ocurrido hace 35 años.
 
Testigos de la impunidad
 
Dentro de cómo funcionaron las anomalías y falta de garantías varias que se vivían por aquellos años, comparecieron dos hermanos hoy entrados en canas, pero que por esos días eran jóvenes y que fueron testigos de la impunidad con que se manejaban.
Luis Horacio Landaburu estaba junto a su hermano Carlos, quienes se encontraban en un kiosco de 9 de Julio y Pinto alrededor de la medianoche, cuando aparece un patrullero, un Ford Falcon con policías, quienes los llevaron como testigos para realizar una inspección ocular en la casa de la quinta de los Méndez, inspección que una vez detallado de que se trató la recorrida no fue más que una parodia al decir de los propios testigos.
El auto en el cual eran llevados sería a los pocos metros secundado por otro vehículo, en el que lograron divisar que había efectivos militares, portando armas largas que una vez arribados al lugar hicieron las veces de guardia en la zona.
Los Landaburu ingresaron entonces a la casa y los hicieron dirigir a una de las habitaciones. Uno de los oficiales los hizo “observar” con una linterna el cuarto y sin más los trasladaron hacia la comisaría Primera.
Sobre lo que los hermanos recuerdan de lo que vieron, se detalló sobre manchas de sangre en las paredes, manchas que asimilaban ser de manos apoyadas sobre dicha superficie. Algún colchón dado vuelta y no mucho más.
Lo llamativo fue que una vez en la dependencia policial le redactaron una declaración que nunca leyeron (“en esos tiempos no había opción, o firmabas o firmabas”, supo graficar Luis) la cual reseñaba que no habían visto nada anormal en el lugar.
Otro dato que interesó a la acusación, fue cuando Carlos Landaburu tras coincidir con el relato de su hermano añadió que recordaba que en medio del procedimiento que se hizo en la comisaría había un hombre de civil con gesto adusto, preocupado, dejando entrever según su descripción que pudo haber sido Emilio Méndez.
Es más, entre las firmas de las declaraciones inventadas por la policía, hay una aclaración que reza el nombre E. Méndez.
 
Bassi y los ex intendentes
 
Luego se sucedería el testimonio de Estela Maris Bassi, quien libro en mano en el que precisamente contó sobre la historia de los desparecidos en Tandil y la zona, quiso aportar desde su información a la causa que aquí se ventilaba en torno a la muerte de Moreno.
Si bien en varios párrafos de su relato se desvió hacia una sórdida trama mucho más general y abarcativa de víctimas y victimarios de aquel circuito represivo, quien fuera trabajadora social por aquellos tiempos y militara en la faz gremial hasta ubicarse dentro de las agrupaciones de Derechos Humanos, ratificó lo que oportunamente había volcado al expediente, como así también a su libro Piedra que late, de reciente presentación.
La mujer reseñó que en una oportunidad que ella militaba ya para la Cta, sería visitada por el teniente Fermín Lazarte, conocido de su padre que vendía seguros y ya había fallecido. Como conocido de su padre, entonces, fue a su casa para advertirle que él trabajaba para la Side y que sabía que “Ojeda estaba tras de ella por lo que se dejara de joder con esos zurdos”.
Luego relataría su relación con Petronila Posal, que era la casera del Club Los Cardos y quien le relataría sobre aquellas noches de gritos de socorro, de dolor, de disparos y militares que veía a metros de su lugar, en la quinta de los Méndez. En una de sus conversaciones, la mujer le aseveró que vio cómo habían ejecutado a dos personas, entre ellas se cree que a Moreno.
Bassi la acompañaría luego a realizar la denuncia frente a la Conadep cuando estuvo en la ciudad precisamente recopilando información, testimonios de aquel horror en Tandil.
También la declarante reseñaría minuciosamente lo conversado por quien fue un testimonio clave en el caso, Marcovechio, quien junto a María Bulfoni resultaron fundamentales a la hora de contar lo que vieron con el abogado como denunciarlo en la comisaría.
La mujer refrendaría lo oportunamente expresado, aquello que Marchioni tenía miedo para atestiguar –de hecho no lo hizo luego cuando fue citado- frente a la amenaza que había recibido. La amenaza en cuestión versó sobre la cita que un día antes a prestar declaración lo hizo el militar Mur a su casa del Barrio Falucho, donde lo esperaban también el interventor militar y luego intendente Julio José Zanatelli y Emilio Méndez, quienes le sugirieron no hablar de lo que había visto o corría riesgo de vida junto a su familia. Bassi dijo también que Marchioni le dijo que le mostraron la foto de Gino Pizzorno, quien lo describieron como otro que había estudiado junto a Moreno en La Plata y que iba a correr con la misma suerte. Pizzorno –que estaba en la sala como público- por aquellos días se iría del país a radicarse en Canadá.
 
Emilio Méndez
 
En su extenso repertorio, Bassi no dejaría de tratar de definir la influencia, las relaciones sociales y económicas que tenía Emilio Méndez en la ciudad. Incluso refirió a cuando fue parte del directorio de la Usina y colocó en su cuenta personal parte de los fondos de la empresa de economía mixta.
A preguntas de la defensa de los acusados qué elementos de prueba tenía para afirmar lo que decía, si le constaba lo que estaba expresando, la mujer se limitó a expresar que sus conocimientos venían de boca de terceros, por lo que se hablaba en la ciudad.
Cerraría el defensor preguntándole sobre una relación personal que había mantenido con el mismísimo Méndez, a lo que Bassi asintió, sin que el presidente del Tribunal Falcone dejara de intervenir para preguntarle si dicha relación no alteraba su juramento de decir verdad, a lo que la mujer aseveró hablar con verdad.
Con el comparendo de tres testimonios más (ver aparte) cerraría el cuarto capítulo de un juicio que sigue generando la atención ciudadana, a partir de la reseña histórica de lo que pasó en la ciudad y la escalofriante historia del abogado Moreno, como así también las consecuencias que en la actualidad sorprenden, con nuevos detenidos, presuntas amenazas e incomodidades de ayer y de hoy. El próximo jueves, al mediodía, se añadirán más testimonios, más historias de un pasado que sigue marcando el presente.*

 Otro testimonio del horror
 
Ayer también pasó por la sala de audiencias Daniel Angel Posal, quien por aquellos años estudiaba en Buenos Aires pero cada quince días venía a visitar a sus padres, caseros del Club Los Cardos.
Posal reseñaría sobre los comentarios que su madre refería sobre lo que ocurría en la chacra de los Méndez, a quien dijo que él recordaba haberlos visto en el lugar en algunas oportunidades.
También se le refrescaría la memoria leyéndole lo que en el 86 había expresado sobre lo que observó en el lugar con el movimiento de militares, lectura que refrendó ahora frente a los jueces.
También contaría sobre su visita junto a su madre y hermana una vez disipada la presencia de los uniformados a la casa, donde vio las camas, los cables, las gasas con manchas de sangre. Es más, admitió que el juntó algo de eso. Unos anteojos, unas gasas y un papel que tenía un número de teléfono y las escondió.*

 La intervención de los abogados
 
Cerrando la nueva audiencia, llegaría el turno de dos reconocidos abogados tandilenses que oportunamente intervinieron en el caso por circunstancias diversas, como fueron el doctor Osvaldo Gutiérrez y Juan Mario Pedersoli.
Primeramente Gutiérrez sería el que recordara con nitidez que por casualidad estaba realizando un trámite en la Seccional Primera cuando se topa con Valentín Bulfoni, quien justamente estaba presentando una denuncia por lo ocurrido con un abogado de apellido Moreno.
Frente a lo expuesto, Gutiérrez pidió una entrevista con el entonces comisario Menéndez, quien al ser consultado cerró con llave su oficina y le informó que sí, efectivamente algo había pasado. Incluso le hizo un gesto con sus manos elocuente como que algo raro había pasado con Moreno, pero que estaba a cargo fuerzas superiores, por el Ejército.
Gutiérrez, quien destacó el “gesto” del comisario por informarlo sobre lo ocurrido llamó de inmediato al Colegio de Abogados de Azul avisando sobre noticias de Moreno.
Ya en tiempos de democracia, como concejal, relataría luego su intervención en la Comisión de Derechos Humanos formada para la ocasión, desde donde atendieron muchos testimonios sobre lo que había ocurrido por aquellos años, y no sólo por el caso Moreno. Así, visitarían luego La Huerta, el Iser y el cementerio, en búsqueda de información que sirviera para empezar a esclarecer lo que había ocurrido en aquellos años de plomo.
Juan Mario Pedersoli sería también quien refrendaría lo expuesto por su colega. Recordando que cuando se anoticiaron del caso Moreno fueron a consultar al en su momento jefe del Ejército, aunque no tuvieron suerte alguna. También luego formaría parte de la comitiva que junto al juez Pagliere allanarían la comisaría en busca de pistas sobre el paradero del abogado olavarriense.*

“Que investigara era muy mal visto por empresarios de la estirpe de Fortabat”

Martín Moreno, el hijo de Carlos Moreno relató cómo fue el secuestro de su padre cuando defendía a los trabajadores de Loma Negra. Está por comenzar el juicio a los responsables en una causa marcada por la connivencia empresarial con la dictadura.

 Entre declaraciones y testimonios van emergiendo algunas responsabilidades más entre militares de la ciudad de Olavarría, de donde era oriundo mi padre y donde crecimos nosotros. También surgieron complicidades civiles relacionadas con la empresa Loma Negra, en donde trabajaban todas las personas que él defendía”, contó Martín Moreno en Mañana Más, el programa que conducen Luciano Galende, Cynthia Ottaviano y Hernán Brienza en la mañana de Radio Nacional. Martín es hijo de Carlos Alberto Moreno, abogado que representaba a trabajadores de Loma Negra y que fue secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar.
La responsabilidad de dos civiles, dos hermanos que cedieron una quinta en Tandil y que funcionó como centro clandestino, y la cementera Loma Negra, de Amalia Lacroze de Fortabat son algunos de los ejes del juicio oral que empezará en Tandil por el secuestro y asesinato del letrado que en  abril de 1977 investigaba una enfermedad pulmonar que contraían los trabajadores del sector de embolsado de Loma Negra. A continuación, la entrevista realizada por Ottaviano.
 
–¿Cómo y a qué edad te enteraste de la historia de tu padre y desde cuándo te involucraste con la búsqueda de verdad?
–Siempre digo que desde que tengo conciencia supe la historia de mi padre y por sobre todo, la verdad de esa historia. Después hemos ido construyendo de a poco las particularidades pero siempre supe que a mi padre lo habían matado los militares. Eso ayudó a que todo sea más fácil y a que podamos dedicar toda la energía directamente a construir quién fue mi papá. Paralelamente, luchamos día a día para que se sepa la verdad y que los responsables de su muerte estén sentados frente a la justicia.
–¿Qué cosas ya están probadas con respecto al secuestro y al posterior asesinato y quiénes serían los responsables?
–Desde el día siguiente al asesinato de mi padre en el año 1977, hay muchas cosas probadas porque, en su momento, tomó intervención un juez penal que con gran valor pudo avanzar y tomar testimonio a testigos que habían presenciado cómo se escapó mi papá del lugar donde lo tenían secuestrado y cómo posteriormente miembros del personal militar lo volvieron a capturar para llevárselo y darle muerte. Gracias a eso, inmediatamente se supieron un montón de verdades sobre lo que había sucedido pero después, los militares y el mismo Estado se encargaron de ir poniendo trabas permanentes para que los responsables no paguen lo que hicieron. Ahora, la parte judicial se está llevando a cabo en Tandil y los imputados son tres militares y dos civiles. Los cinco están en prisión esperando que se desarrolle el juicio. Los dos civiles son los hermanos Emilio y Julio Méndez, unos personajes con una historia muy oscura en Tandil, y los tres militares son Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda quienes están directamente vinculados con el asesinato de mi padre.
–¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, dueña de Loma Negra en ese momento?
–Con un poco de sorpresa porque se murió justo en este marco, en el momento en el que estaba siendo investigada su responsabilidad en la muerte de mi viejo. Mi padre era abogado de los trabajadores del gremio Asociación Obreros Mineros Argentinos y justamente estaba llevando a cabo una investigación sobre las condiciones insalubres a las que eran expuestos los  trabajadores. Obviamente que invetigara era muy mal visto por empresarios de la estirpe de Amalia Fortabat, ya que implicaba una transformación en los modos de producción que tenía, en este caso, la cementera Loma Negra y eso significaba tener que gastar plata en el bienestar de los empleados y menor ingreso para ellos. Evidentemente resultó más fácil matar a mi viejo que invertir en la transformación de los sistemas de producción de la empresa.
–¿Qué sería justicia, en este juicio oral?
–Mi viejo dio la vida por la justicia. A pesar de que pasaron 35 años siempre quisimos que los responsables de la muerte de mi padre tengan los derechos y garantías que no le dieron a él. Justicia es que se atraviese ese proceso y que a través de este se sepa absolutamente toda la verdad sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales y por qué se lo llevaron a mi viejo. Queremos saber por qué lo mataron y que todos los responsables de esa muerte sean juzgados, porque el que las hace las paga.

domingo, 19 de febrero de 2012

Avanza el juicio por el crimen de carlos Moreno

“Escuchamos tiros y gritos”

En las últimas audiencias, dos testigos contaron lo que vieron y oyeron en el lugar donde estuvo secuestrado el abogado de los obreros de Loma Negra. Un ex comisario quedó a disposición de la Justicia porque negó un testimonio suyo de 1977.

 Por Alejandra Dandan

Una caravana con dieciséis organizaciones políticas y sociales recorrió Olavarría, como sucede cada domingo desde que comenzó el juicio por el secuestro y la ejecución del abogado de los obreros de Loma Negra, Carlos Moreno. “Mientras en Recoleta están llorando, en los barrios más humildes de Olavarría hay una fiesta”, dice Matías Moreno, uno de los hijos de la víctima del terrorismo de Estado, no sólo por los funerales de Amalita Fortabat, ex directora de la empresa, sino y sobre todo por lo que significa la apertura del juicio para Olavarría, sede de la cementera.

El juicio oral avanza en Tandil. La tercera y la cuarta jornada dejaron varios datos: un ex comisario a disposición de la Justicia porque negó un viejo testimonio de 1977, hizo hablar a otros policías y volvieron a verse las escenas del secuestro a través del relato de dos vecinas, entre ellas la hija de los caseros del recoleto club de rugby Los Cardos.

El ex comisario mayor que quedó a disposición de la Justicia es José Juárez: convocado como testigo negó lo que hizo y dejó asentado con su firma en 1977. Juárez les había tomado una denuncia a testigos del momento en el que, después de un intento de fuga, las fuerzas de seguridad vuelven a secuestrar a Moreno. Tampoco recordó en la audiencia que detuvo y luego liberó sin explicaciones al coronel del Ejército Roque Pa-ppalardo, uno de los acusados. La decisión del Tribunal Oral 8 de Mar del Plata provocó efectos positivos en el resto de los policías convocados como testigos: todos recordaron rápidamente el pasado. “El problema es que estaban acostumbrados a la impunidad porque las veces que declararon, lo que decían no servía para nada”, dice Matías.

El otro eje fue la reconstrucción del cautiverio de Moreno en la quinta de los hermanos Méndez, dos civiles acusados. Entre otros, declaró Ana María Posal, la hija de los caseros de Los Cardos. Habló del movimiento militar que notó en la chacra entre el secuestro y asesinato. “Un día llegaron camiones verdes, camionetas, autos civiles, y de los vehículos bajaron personas vestidas de militares”, dijo. “Un militar se acercó a pedirnos agua y comida.” El pedido se repitió varios días. Siempre era el mismo militar y un grupo de “soldados” se mantenía en los perímetros de la quinta. Desde la primera noche “se escucharon la voz de un hombre y de dos mujeres jóvenes que gritaban, pedían socorro y auxilio”. Como los gritos se repetían cada noche, su familia habló con la comisión directiva de Los Cardos, pero les dijeron que mejor no insistieran para evitar dificultades.

“Un día volvíamos con mi mamá de la sede que el club tenía en el centro –dijo Ana María– y escuchamos tiros por todos lados, con policías, militares y gente sin uniforme corriendo. Y ahí nos escondimos por tres horas hasta que todo se tranquilizó. Después, el movimiento desapareció y nadie más visitó el lugar.” Días más tarde, entró en la quinta con una persona del club: “Había gasas con sangre, dos elásticos sobre cajones de madera, cables cerca de un enchufe y gomas a los costados”.

El jueves y viernes próximos darán testimonio sobrevivientes que fueron torturados por los militares acusados y quienes pasaron por la quinta de los Méndez. Una semana después se esperan los testimonios clave de ex trabajadores de Loma Negra.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Se reanuda el juicio por el crimen de Carlos Alberto Moreno

Está prevista la declaración de una mujer que vio cuando el ejército recapturó al letrado cuando había escapado de un centro clandestino de detención. También se espera que otros testigos aporten información sobre los hechos que terminaron con el homicidio de la víctima.

Una de las testigos que hablarán es Neri María Bulfoni, hija del dueño de la quinta en la que fue hallado el saco del abogado y quien presenció cuando efectivos policiales recapturaron al letrado.

Además de Bulfoni, en la audiencia de mañana está previsto que declaren otros siete testigos, mientras que el viernes hablará ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata, Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.

El juicio, que comenzó el jueves de la semana pasada, investiga las responsabilidades de los hermanos Emilio y Julio Méndez, de dos oficiales del Ejército, el mayor Roque Ítalo Pappalardo y el coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda.

Los dos civiles habían llegado en libertad al debate, pero en la primera audiencia los jueces ordenaron su detención y revocaron el beneficio de prisión domiciliaria que tenían los tres militares.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría, a metros de su estudio jurídico donde atendía trabajadores de la cementera Loma Negra. A su ciudad natal ciudad había vuelto para ejercer su profesión luego de recibirse de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, donde había conocido a Susana Lofeudo, quien sería su esposa y madre de sus dos hijos Matías y Martín.

El día siguiente a la desaparición de Moreno, la Asociación de Abogados de Olavarría por indicación de la esposa de la víctima radicaron la denuncia. Luego, el grupo de letrados presentó un habeas corpus en favor del laboralista, que llevaba la firma de treinta colegas.

Esas acciones configuraron el inicio de una causa judicial que le permitió a la Justicia conocer, a pocos días del homicidio del abogado, detalles de su secuestro y fuga de un centro clandestino de detención. Esa causa iniciada en plena dictadura llegó ahora a juicio.

Según se ventiló en las primeras audiencias, Moreno fue llevado cautivo a una quinta ubicada en nuestra ciudad a escasos metros de la ruta 226 y del Club de Rugby Los Cardos, que los hermanos Méndez habían prestado al Ejército y que fue utilizada como centro clandestino de detención.

Tras ser mantenido cautivo y torturado en ese predio durante tres días, Moreno logró escapar, pero fue recapturado en una quinta vecina y llevado nuevamente a la quinta de los Méndez. Tiempo después el Ejército informó que había sido “abatido” un “extremista subversivo”. Su familia tuvo que retirar el cuerpo en la jefatura de Policía Bonaerense, en La Plata, ciudad donde los obligaron a darle sepultura en el Cementerio Municipal.

Entre los testimonios que se escucharán esta semana en el debate, estará el de María Estela Bassi, autora del libro “Piedra que late”, una investigación y testimonio sobre los detenidos desaparecidos de las ciudades de Tandil, Azul, Olavarría y Las Flores, en el que la mujer indaga en la figura de los dos hermanos que son juzgados en el tribunal instalado en el aula magna de la Universidad del Centro, frente a la plaza de esa ciudad serrana.

Dr. César Sivo: “Hay informes de los pedidos de la empresa para hacer inteligencia dentro de Loma Negra”

Así lo expresó a infoeme el abogado de la familia Moreno, Cesar Sivo, quien explicó que fueron incorporados a la causa documentos que incluyen “informes de la dirección de inteligencia de la policía” que documentan “pedidos de la empresa para hacer inteligencia” dentro de Loma Negra.

Sivo explicó que durante las audiencias “han llegado informes muy importantes de la Comisión Provincial por la Memoria donde hay documentos de la dirección de inteligencia de la policía que dan cuenta de los pedidos de la empresa – Loma Negra- para hacer inteligencia adentro de su dependencia” reveló y explicó que “esta documentación, que recién fue incorporada al proceso, no hace más que confirmar las sospechas que se tenía y ahora ya tenemos confirmación documental” argumentó.

El patrocinante de la familia precisó que de cara a las próximas audiencias “queremos ir consolidando la prueba. Si bien es una causa que tiene muchos elementos de convicción porque hay mucha documental y circunstancias acreditadas. El mismo ejército termina reconociendo que ellos lo tenían en cautiverio y que ellos lo matan. No hay una gran discusión salvo en que circunstancias lo matan y que con el aporte de los testigos del lugar se terminarán de referenciar” dijo.

En este sentido, el abogado señaló que “desde que el ejército que lo tenía en cautiverio a Moreno reconoce que lo mató y entrega el cuerpo en determinada circunstancia, por supuesto inventada como es la supuesta fuga, eso en gran parte resuelve uno de los aspectos de la cuestión” precisó.

“Las próximas audiencias van a desandar el camino de lo que pasó en la quinta de los Méndez para desbaratar la presentación que había hecho el ejercito y luego va a seguir la prueba sobre la motivación del secuestro y la muerte de Moreno que tiene que ver con la responsabilidad empresarial” sostuvo el letrado.

Cesar Sivo también se refirió a la revocación de la prisión domiciliaria para los militares imputados y a la prisión preventiva a los dos civiles definida por el Tribunal, como “un gran avance” y destacó que a las pocas horas de conocida la decisión “recibimos llamados de personas, como soldados que estuvieron en la época y que tuvieron cercanía con los imputados como de otras víctimas que nunca habían declarado. El hecho de ver que la justicia se estaba realizando y que efectivamente el juicio se hacia con personas en detención da una sensación de cercanía de la Justicia y de respeto por la palabra Justicia que ha hecho que mucha gente se anime” valoró.

En este sentido agregó que “No solo es importante por lo que significa simbólicamente sino porque para los testigos es una tranquilidad- hubo testigos que en su momento fueron coaccionados para no declarar- sino por lo que significa para cualquier persona que vivió como victima del terrorismo de estado tener la oportunidad de declarar sobre seguro porque sabe que la justicia esta actuando” finalizó
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martes, 14 de febrero de 2012

Piden al tribunal que no se queden con la responsabilidad de los cinco imputados

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, continuaron este viernes por la tarde con la toma de declaraciones a los dos hijos y la hermana de Carlos Alberto Moreno. Emoción, tristeza y pedido para que la investigación no termine en los cinco detenidos.

Poco después de las 14, luego de desestimar la presencia de un testigo, e incorporar su palabra por expediente, el tribunal convocó a Martín Alberto Moreno, uno de los hijos del profesional abatido en la época de la dictadura

Estos son sus principales conceptos:

“A partir de su proyecto de familia en Olavarría que quedó trunco, nos quedó su legado, para que todo sea más justo, y para lograr vengar su muerte, otorgando todos los derechos y garantías que él no tuvo, a los responsables de su secuestro y muerte”.

“La vinculación con su trabajo y su militancia y su defensa por la libertad, por lo que pude leer en el expediente y la causa con relación surge a la defensa incansable por los derechos de los trabajadores mineros y casos que investigaba en ese momento, por investigaciones por enfermedades que padecían quienes se exponían al cemento”.

“Hay testigos que ven cuando salía de la cochera y llegaba al estudio jurídico, cuando lo reducen y lo meten en un R12 naranja. Después nos enteramos que lo ven en Tandil, donde estaba secuestrado. Tuve suerte de no ser un nieto buscado como tantos otros, porque cuando lo llevaron, estaba solo, y mi madre se había quedado en casa. Se supo que estuvo en una quinta de los Méndez, lugar que funcionó para secuestrar personas con ideales, como mi padre, que luchaba por la libertad”.

“Un vecino lo ve llegar con signos deplorables, pide que le avise que lo habían secuestrado, que le den un vaso de agua. Uno de los secuestradores, el cabo Ojeda, tiene un cruce de palabras con él, y en un rapto de lucidez pese a su estado, pide que se identifique, sale corriendo hacia las sierras, Ojeda le dispara varias veces sin pegarle, hasta que lo reducen cerca de una piedra, mientras la hija del dueño de esa casa iba a buscar más balas a pedido del cabo. Ahí lo golpean con una pala, y lo llevan de nuevo a la Quinta de los Méndez. Después nos enteramos de su muerte, cuando nos entregan el cuerpo en la morgue de La Plata”.

“No se quienes estaba con el vecino que vio todo, y los policías que allí se encontraban. En cuanto al teniente general Verdura, se que era vecino de mis padres, y que el día del secuestro de mi padre no estaba en la puerta de su casa el policía de guardia que había todos los días. Sin dudas que es otro de los interrogantes que tenemos. Uno de los momentos difíciles, luego de conocer su muerte fue cuando leímos el titular del diario El Popular, que decía “Carlos Alberto Moreno militante montonero especializado en explosivos fue abatido en Tandil”. Era un comunicado frío e inexacto del gobierno de facto de ese entonces”.

“Todos saben que mi padre tiene atributos rescatables, como ser solidario, familiero, no fue fácil crecer sin él. Entender porque no estaba. Tuve la suerte de poder armar la historia y que tengamos su cuerpo, eso ayudó mucho para saber la verdad. No recuerdo haber mentido nunca, siempre dije que lo habían matado los militares. Hubo en tiempo de democracia con distintas leyes tendientes a decir que lo que hacían nuestros viejos porque estaba mal y decían que no era bueno tener ideales. Esos eran escollos que fue poniendo el estado y ni hablar de los 90 con el indulto que intentó generar una pacificación, y realmente estoy convencido que NO PUEDE HABER PAZ, SIN JUSTICIA”

“Hoy estoy frente a los asesinos de mi padre, a los responsables en general, porque la familia sufrió mucho su ausencia. No lo juzgo a mi viejo, lo entiendo, su lucha y elección de vida, me genera orgullo. Su vida me marcó y mucho, pese a su ausencia, aprendí a ser padre sin tenerlo. Me deja tranquilo que sean colegas suyos los que nos ayuden a hacer justicia. La verdad de lo ocurrido la tienen los que estuvieron allí, los que decidieron su secuestro y muerte. Espero que sepan que estos “atorrantes” como identificó mi viejo, perejiles funcionales a un poder económico que les ordeno o no que hagan lo hicieron con mi padre sigan viviendo noches como la de ayer, en cerrados sin poder ver la luz de la libertad”.

“Pido justicia, la región necesita justicia, en Olavarría, en Tandil, por las familias, los hijos, para poder explicarles sanamente lo que ocurrió con su abuelo. No todo es lo mismo, el que la hace la paga, todos necesitamos justicia. Le pido al tribunal que dentro de sus posibilidades que no nos quedemos solo con los perejiles y que se profundice la investigación para llegar a la verdad, porque estoy convencido que estos cinco imputados no son los únicos que tuvieron que ver con la muerte de mi papá”.

Testimonio de Matías, hijo de Carlos Moreno

Reproducimos los principales conceptos de la declaración de Matías Facundo Moreno, realizadas este viernes por la tarde al Tribunal Oral constituido en Tandil.

“A los 16 años, en el año 1991, fue la primera vez que leí la causa, y conocí todo lo relacionado con la muerte de mi padre. Fue un quiebre. Pero me permitió conformar mi identidad y encontrar justicia, creando la Agrupación Hijos de la Regional La Plata. Con la llegada de la democracia, mis abuelos hicieron la segunda denuncia después del habeas corpus inicial de los abogados en Azul, pero la justicia en ese momento hablaba de los dos demonios, y tuve que traer a mi viejo a la tierra, con sus aciertos y contradicciones”.

“En el 97 empecé a viajar a Olavarría, porque creía que en esa ciudad podía conocer otros detalles de mi padre, la legitimidad del reclamo, no solo de familiares, sino de amigos y compañeros de lucha”.

“Tengo un parecido físico con mi padre, se quebraban al verme, tengo muchos elementos sobre sus investigaciones, por los casos de insalubridad en la fábrica de cemento y el inicio de denuncias contra Loma negra para que no quede que muchos empleados morían por problemas de tabaquismo, cuando en realidad morían por una contaminación que luego profundizamos en un video documental realizado en el año 20007, que nos lleva a pensar que el secuestro, tortura y muerte de mi padre tuvieron que ver con estas investigaciones”.

“No entiendo a estos buenos vecinos de esta ciudad (los Méndez), que ofrecieron su casa de fin de semana, un muy lindo lugar, para torturar a personas secuestrados por los militares en la época de la dictadura, con la impunidad con la que se manejaban. Este señor sentado aquí, que representa la muerte, se desesperan por el intento de escape de mi padre. Quien es asistido por la familia Marchioni, quienes contaron lo ocurrido, hasta que después aparece muerto en La Plata, cuando nos entregan su cuerpo”.

“Recibimos presiones para que no fuera enterrado en Olavarría y no olvido en la primaria que a los hijos de subversivos no nos permitían sentarnos en las filas de adelante. Eso ocurrió en la época de la reconciliación por el terror, por eso iniciamos una suerte de escraches, como acá en Tandil, en la casa de Emilio Méndez, en la calle Necochea, que fue un alcahuete del régimen, cuando nos escoltaron hasta que salimos de esta ciudad, y nos dejaron recién cuando llegamos al cruce de las rutas 74 y 29”.

“En el 2004, con la derogación de las leyes por parte de Néstor Kirchner, se inició un nuevo camino, con una nueva presentación a la justicia, ante el Dr. Juan José Comparatto, y eso fue muy sanador, como sociedad, porque pudimos tener una decisión clara de terminar con las políticas de impunidad”.

“Pasaron siete años, es mucho tiempo, una causa por demás avanzada, con una nueva exhumación del cuerpo de mi padre, pero llegamos a esta realidad, con un juicio que esta comenzando y del que esperamos que se haga justicia”.

“Por suerte, ahora en Olavarría lo recuerdan a mi padre como abogado laboralista, y no como peligroso extremista, y tiene un mural, una baldosa (donde lo levantaron) y hasta un establecimiento educativo con su nombre”

“La responsabilidad por fuera de los imputados está enmarcada en los testimonios, y eso nos lleva a pensar que Lacroce de Fortabat como el Coronel Premoli, no son ajenos a todos lo ocurrido con mi padre, y eso es lo que estamos pidiendo que se investigue”.

“Por eso pedimos que se haga justicia, no solo por mi padre, sino por los trabajadores que integraron las listas negras por ser denunciantes contra esa empresa. También para los amigos de mi padre, que lloran cada vez que hablamos de él”.

“A los asesinos, les digo que ellos el 29 de abril se llevaron a un padre, un hermano, un hijo, un esposo y un amigo, pero no pudieron llevarse el orgullo de tener el padre que tuve”.

Testimonios de los familiares de Carlos Moreno

La viuda, hermanos e hijos del asesinado Carlos Moreno dejaron sus estremecedores relatos cargados de dolor, frente a lo que fue la desaparición y muerte en Tandil. Supieron retratar la vida de un hombre afable, comprometido, que eligió trabajar en defensa de los más humildes.

La segunda jornada de la audiencia oral y pública en el Aula Magna de la Unicen en la que se juzga la responsabilidad penal de los tres militares y dos civiles por el asesinato del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, estuvo signada por otro humor. Ya no tanta ansiedad y la adrenalina de ver los rostros de los acusados como la de participar de esta única, histórica, instancia judicial, sino que ahora los ánimos parecieron marcados por la emotividad, la conmoción de escuchar en vivo y en directo lo que padecieron aquellos cercanos a la víctima.
La mujer Susana Lofeudo primero,  el hermano Héctor después, los dos  hijos Martín y Matías y la hermana Margarita de la víctima, ya por la tarde,  serían los protagonistas exclusivos del nuevo capítulo cargado de emoción, de dolor, pero de la firmeza de haber arribado al tiempo de la reparación, de la justicia.
Así lo vivirían no sólo ellos desde su relato frente a los jueces y ante la mirada atenta de los tres acusados que quedaron en el recinto (Tomasi y Pappalardo pidieron no estar en la sala por razones de salud), sino el público que se acreditó para presenciar la nueva instancia, una vez más ocupando todos los espacios disponibles por el mismísimo Tribunal.
 
Una mujer y sus circunstancias
 
La mañana de juicio comenzó con el comparendo de Susana Lofeudo, quien apenas salida de los veinte años se unía en amor y matrimonio con Carlos Moreno, quienes decidieron hacer su proyecto familiar en la ciudad natal de él y comenzar una vida austera, con lo justo y necesario para emprender una vida juntos, pero que sería truncada por la violenta historia conocida.
Precisamente la mujer, a lo largo de su conmovedor relato de vida, se detuvo a precisar sobre las últimas horas de Moreno junto a ella, para luego ser raptado por desconocidos en un auto color naranja y una patente que bien un testigo que justo pasaba por el lugar en bicicleta supo guardar. Elemento, prueba, fundamental para hilvanar lo que iba a resultar la espeluznante madeja que conjugó este caso.
Desde allí, recordaría las peripecias para saber del paradero de su esposo, de su valentía para enfrentarse al teniente Verdura (vecino de ellos), como hasta llegar a los mismísimos general Ramón Camps y el ex policía Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Entre recuerdo y recuerdo, Susana mezclaría las precisiones que hacen al interés a la causa como sus reflexiones para entender lo inexplicable. “Es imposible saber el daño que nos hicieron, les preguntaría a ellos por qué. Claro –se respondió así misma- era más barato matarlo a él que gastar en la salud de los trabajares”. Moreno, precisamente estaba investigando la incidencia de la salud de los obreros de Loma Negra a partir de la propia actividad que allí desplegaban. 
Reseñó que a otro abogado ya lo habían secuestrado y después liberado a lo que ella le dijo porqué no se alejaba un poco de la militancia y la especialidad por la cual se había recibido como letrado. El le respondería tajante: “Yo no hago nada. Solo defiendo a los trabajadores”.
Tal vez el momento de mayor trascendencia para la causa importancia fue precisamente ese relato sobre la noche del 29 de abril del 77, cuando  secuestraron a su esposo.
Moreno dejó su casa para hacer unas diligencias, pero al ver que no volvía a su casa Susana comenzó a buscarlo en el vecindario, en la casa de amigos y familiares. Uno de los lugares que visitó fue la casa del Teniente Coronel Ignacio Aníbal Verdura quien dijo no saber nada de lo que sucedía. Días más tarde la señora de Moreno fue desalojada de su casa junto a su hijo Martín por un grupo de militares que respondían a las órdenes del mismo Verdura.
Luego llegaría la noticia de la muerte escuchada desde el informativo de Radio Colonia,  comunicando que el subversivo “Beto” Moreno había sido abatido en la ciudad de Tandil, cerca de la chacra de la familia Méndez en una persecución.
El relato continuó con un aporte importante al interés de la fiscalía, cuando detalló sobre el hallazgo del cuerpo de Moreno, cuando otra vez Verdura le daba cuenta sobre el paradero.
Finalmente fue concedido el día 23 de mayo de 1977, en la morgue judicial de la Jefatura Departamental de La Plata, a condición de que no fuera enterrado en Olavarría. Su cuñado Héctor Moreno, hermano mayor de Carlos, fue quien la acompañó a recibir el cuerpo.
 
El orgullo de los Moreno
 
Luego vendría el turno del testimonio del hermano de Moreno, Héctor, quien a sus formas y sus modos reafirmó los dichos de su nuera en cuanto al estado en que encontró el cuerpo. Un cadáver con múltiples heridas en el rostro y el resto del cuerpo, junto a los dos orificios de bala ubicados en el pecho.
También el hermano mayor recordaría la vocación de Carlos a la hora de atender las demandas laborales de los más humildes, porque así se lo había propuesto, siempre recordando de su origen humilde y la figura paterna, un trabajador del volante.
También Héctor se preguntó por aquellos años por qué, una pregunta que tampoco ayer ni hoy tendría su respuesta. No obvió ahondar en el sufrimiento de toda la familia tras el luctuoso final de su hermano que, de alguna manera fue apagando la vida de ellos también, fundamentalmente la de sus padres a pura tristeza y desolación.
Bajo ese halo de emoción, pasarían por el recinto también los hijos Martín y Matías, quienes sólo tienen la reseña de quién su padre y la convicción política, ideológica,  de por qué pasó lo que pasó.
Además de lo que hizo al relato mismo de lo que fueron reconstruyendo como historia de la muerte de su padre, no dejaron nunca de expresar sobre el dolor de crecer sin un padre y de los padecimientos de los días posteriores, cuando niños, adolescentes y jóvenes, fueron señalados como el hijo del subversivo, tal se lo hizo notar su maestra de tercer grado y por eso lo mandaba último en el salón junto a un compañero cargado de la misma historia.
Martín recordaría también cuando ya militante de Hijos, vendría a la ciudad en el 2001 para realizarle el recordado escrache a la casa de Emilio Méndez, donde fue luego “secundado” por la policía hasta que dejó la cuidad.
Margarita Moreno, a su turno, también realizaría un abarcativo retrato, pintura de la figura de su hermano, generando más emotividad aún en todos los presentes.
Cerraba así entonces, el segundo capítulo de una historia que comenzó hace 35 años y ahora quiere cerrarse, al menos en lo que hace a responsabilidades directas, a sabiendas que la querella querrá ir por nuevos zagas, que hacen a otras complicidades más allá de los cinco que ahora siguen presos las instancias de un juicio histórico en Tandil.

DECLARACIONES TRAS LA SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO
“Fue muy fuerte escuchar a los testigos rescatar la figura de Moreno”
Finalizo esta tarde la segunda jornada del juicio iniciado ayer en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por el homicidio del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno.

Petra Marzoca ofreció un resumen de las declaraciones que familiares de Moreno efectuaron en la audiencia “fue muy fuerte porque rescataron la figura del Dr. Moreno desde su hombría, generosidad y resaltando su convicción de trabajar en defensa de los que menos pudieran acudir a los servicios de un abogado”.

Marzoca destacó la valentía de cada uno de los testigos que recordaron a Moreno desde diferentes lugares “su mujer desde el amor, acompañamiento y desde la valentía de encarar la vida a sus 27 años con dos chiquitos sola sin trabajo, habiendo perdido todo”.

En tanto que sobre la declaración de sus hijos sostuvo “cada uno de un lado distinto, Matías desde la militancia pudo reparar y armar la figura de su padre, Martin marcando la carencia de un padre que la gente no lo entiende porque a estos salvajes se les ocurre que había que exterminar a alguien por sus convicciones”.

Aporte académico en el juicio por Carlos Moreno

La silicosis, enfermedad de los obreros de Loma Negra, abordado desde un seminario

Como se vino informando en ediciones pasadas, la semana fue ganando en atención a partir del inicio del histórico juicio por el secuestro y asesinato del abogado Carlos Moreno, que forma parte de un proceso que están llevando adelante  los organismos de Derechos Humanos, los familiares y víctimas para llegar a la verdad de lo sucedido a pesar de haber pasado 35 años.
El doctor Moreno fue secuestrado en Olavarría por el aparato represivo del Estado en abril de 1977 y le dieron muerte en mayo del mismo año. En ese marco, Moreno representaba a trabajadores de grandes empresas vinculadas a la minería y a la piedra en Olavarría y era militante de la Juventud Peronista.
Desde la Secretaría de Extensión de la Unicén, a través de la Agencia de Noticias "Comunica" están siguiendo el juicio y, desde allí, también se informó acerca de un seminario a cargo del doctor Marcelo Sarlingo, quien abordó la temática de la silicosis, precisamente la enfermedad que padecían los trabajadores de la cementera y generó la intervención legal del abogado Moreno.

Una enfermedad
“La silicosis es una enfermedad que se conoce desde hace siglos. En América, luego del desarrollo de la minería de la plata y el oro en las zonas andinas y de la brutal explotación de la mano de obra indígena mediante modalidades de producción como la mita y el yanaconazgo, la silicosis directamente se conoció como “enfermedad de los mineros”. Así se la denomina en muchas regiones del mundo, aunque su denominación científica moderna proviene de las clasificaciones de Visconti, médico italiano que documentó enfermedades laborales ya desde 1870”.
El especialista informó que “continúa siendo una enfermedad bastante común en todo el mundo y de impacto grave entre los trabajadores de diversas ramas de la producción industrial, y no sólo en la minería”.
Señaló al respecto que “actividades industriales como la metalurgia, la industria química, producción de cemento, cerámica, marmolería, otras industrias como la producción de piedra ornamental, de pulimentos, de aislantes, y en general el trabajo en la construcción y mampostería, crean ambientes laborales que favorecen la exposición de los trabajadores a la sílice cristalina”.
En rigor, se detalló, se denomina silicosis a la neumoconiosis producida por la inhalación de microscópicas partículas de sílice, las que se depositan en los pulmones y generan reacciones patológicas, siendo la más común la fibrosis nodular. Esta impide a los tejidos afectados desarrollar su función normal, por lo que la zona del pulmón afectada deja de funcionar, dificultándose la respiración y causando daños progresivos, y así hasta que se produce la muerte.
El proceso de deterioro pulmonar progresivo puede durar varios años, ya que las partículas de sílice menores a cinco micrones se van acumulando en forma lenta, pero también hay procesos de exposición intensa en los cuales la enfermedad se manifiesta rápidamente. Lo más frecuente es que los signos y síntomas de la silicosis (disnea agravada por el esfuerzo, tos, fatiga, taquipnea, dolor en el pecho, etc.) aparezcan a los diez años de la exposición continua, aunque la silicosis denominada “acelerada” está relacionada con tiempos mucho menores entre exposición al sílice y aparición de los síntomas.

La problemática laboral
Sarlingo contó que en el campo de la salud obrera, no hay ninguna duda que la silicosis es una enfermedad profesional. Este rótulo significa que el padecimiento adquirido por una persona está en relación directa con el desempeño de actividades determinadas en un puesto de trabajo, actividades realizadas en el marco de un proceso de producción organizado por terceros.
Es decir, la persona enferma por cumplimentar actividades en el marco de una relación laboral. En el caso de la silicosis se consideran de muy poco peso numérico los casos de silicosis ambiental, aunque los efectos de la megaminería están haciendo repensar esta cuestión, ya que los pequeños pueblos contiguos a las explotaciones en gran escala quedan mucho tiempo sumergidos en el polvo en suspensión de las explosiones que se realizan para moler la roca.
 
El profesional señala que en aquel contexto debe entenderse la problemática laboral de los obreros del cemento hace más de cuarenta años. “La clase obrera demostraba legitimidad incuestionable en sus reclamos, y en el marco del capitalismo paternalista que había organizado las relaciones sociales de producción que llevaron a que las cementeras del Partido de Olavarría fueran las principales productoras a nivel nacional, los padecimientos provocados por las modalidades de explotación iban volviéndose evidentes”.
“En los años ´70 –siguió-, la silicosis estaba clasificada legalmente como enfermedad laboral, pero los casos que la industria del cemento generaba no habían sido documentados. Por lo tanto, lo que se enseñaba en la facultad y en ámbitos académicos sobre esta enfermedad no incluía a los procesos de producción de cemento, y la medicina laboral de aquel entonces no tenía elementos para abordar legalmente la temática”.
En otro párrafo de su exposición, el especialista señaló que “a diferencia de los años `70, nadie se está esforzando por encontrar un modelo epidemiológico que investigue siquiera cómo es la gestión ambiental actual y sus efectos en el medio ambiente local. Es decir, no es sólo la emergencia del riesgo (al convivir las poblaciones con sustancias tóxicas desconocidas y no investigadas) y la aparición de la enfermedad (en trabajadores o en población expuesta a contaminantes) como efecto de la reproducción del capital industrial el núcleo del problema”.
Añadió que “fundamentalmente, otro de los núcleos del problema son los `pactos de silencio´ entre intereses económicos y políticos que nos impiden construir nuestro derecho ciudadano a un ambiente sano, pactos que se reactualizan con cada fase de desarrollo del capital y con cada ciclo de renovación política-dirigencial”.
Por todo esto, el doctor consideró que el compromiso que la Unicén aporta hoy al brindar el escenario para sustanciar el proceso contra el asesinato de Carlos Alberto Moreno “también nos viene a hablar del presente. No es sólo revisar un suceso que ocurrió hace 35 años y que dañó irreversiblemente la vida de personas singulares. Sino que nos posibilita entender aspectos fundantes de los procesos de acumulación que hoy nos hacen ser lo que somos como sociedad”.