Ordenaron investigar a los directivos de Loma Negra
La lupa en los jueces y empresarios
Por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, en Tandil, tres militares recibieron prisión perpetua y dos civiles, que cedieron su chacra para que se use como centro clandestino, 11 y 15 años. El rol de la Justicia y la empresa Loma Negra.
Los cantos estallaron en la aula magna de la Universidad del Centro de Tandil apenas el Tribunal Oral Federal terminó de leer la sentencia. Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra emitieron un fallo por “unanimidad” en el que condenaron a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda por la privación de la libertad, tormentos agravados y el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno. El fallo, sin embargo, es un avance por otras varias razones. Los jueces condenaron por primera vez a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez, que cedieron su chacra como centro clandestino, a 15 y 11 años de prisión. Y por primera vez, con las pruebas arrojadas por el juicio en la mano, un tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el sector empresario: en este caso sobre el “directorio de la cementera Loma Negra”, presidido por la hoy difunta Amalia Lacroze de Fortabat por “las sospechas” de haber “inducido” los delitos. Luego de subrayar el carácter de “dictadura cívico militar”, también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento.
Por muchas de esas razones, entonces, la sentencia del juicio oral de Tandil es verdaderamente histórica. Apenas concluida la lectura esperada durante casi 35 años, con todas las pruebas en mano desde el primer momento, los hijos y la mujer de Moreno, Susana Lofeudo, celebraron ese final que hizo estallar en aplausos a la sala mientras se escuchaba el “Como a los nazis”.
“Estoy conforme porque la sentencia demuestra que tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Matías, uno de los hijos. Y al final, arriba del escenario montado en la calle; expresó: “Mi padre se llamaba Carlos Alberto Moreno, era abogado laboralista de Olavarría y a partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante le ganó varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. El 19 de abril del ’77 lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron: hoy, a 35 años del asesinato, mi viejo ganó un juicio más”.
Atrás, adelante y afuera de la sala, la sentencia congregó a estudiantes y agrupaciones sociales y políticas. Viajó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla y el segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación Luis Alén, que destacó que “es la primera vez que un fallo define a la dictadura como lo que fue: cívico-militar”.
Martín, el hijo más chico del abogado, que todavía estaba en la panza de su madre cuando mataron a Moreno, recordó lo que falta: “Ahora vamos por los empresarios de Loma Negra, que son los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, porque eran los perjudicados de que se investigue y se exijan condiciones de trabajo dignas para sus empleados”.
La sentencia
La sentencia validó lo que reconstruyeron los alegatos del fiscal Daniel Adler y el abogado querellante César Sivo. Como punto de partida, el secuestro y homicidio. Y luego, las motivaciones que serán parte de la próxima causa.
Entre otras cosas, quedó demostrado que a Moreno lo secuestraron el 29 de abril de 1977 a punta de pistola en Olavarría y lo llevaron a Tandil. “Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” Lo encontró uno de sus secuestradores que lo recuperó una vez a los tiros. Moreno logró escapar otra vez, pero fue recapturado y llevado a lo de los Méndez. Ese día, 3 de mayo, decía el alegato, “en total estado de indefensión Moreno recibió por lo menos un disparo en el pecho a corta distancia, lo que provocó su muerte”.
Por estos hechos, los jueces condenaron a los cinco acusados. Tommasi era el jefe de área; Pappalardo estuvo a cargo del procedimiento y ordenó liberar a uno de los que lo persiguió a los tiros. Y Ojeda persiguió a los tiros a Moreno. Para los jueces, los tres fueron autores directos. Les suspendieron el goce de la jubilación, ordenaron el arresto en una sede del Servicio Penitenciario Federal y pidieron la destitución del rango de militares.
La condena de los Méndez fue otro eje de la sentencia. Fueron considerados partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad y tormentos. Los jueces sostuvieron que fueron “delitos cometidos en el marco de un genocidio por una dictadura cívico-militar”.
Distinto a otras condenas, los Méndez no fueron parte de las fuerzas de seguridad, ni capellanes ni funcionarios judiciales. Tampoco civiles apropiadores de menores. Eran parte de quienes “dieron cobertura y formaron parte de ese poder civil que hasta hoy se mantuvo escondido y les echó a los militares la culpa de todo”, como dijo Adler. Y “civiles que hicieron un aporte interesado para mantener posiciones económicas y sociales”: Emilio era gerente del Banco Comercial de Tandil, el más importante, y vicepresidente de la Usina Popular: “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”.
Loma Negra
El impacto político más importante de la sentencia es la que involucra a Loma Negra. Moreno era abogado de los obreros de AOMA, la asociación que nucleaba a los obreros de las cementeras, entre ellas, Loma Negra. Denunció y ganó juicios millonarios a la compañía entre otras razones por una afección respiratoria que sufrieron los obreros. Varios testigos, entre ellos su socio Mario Gubitosi, apuntaron a la responsabilidad de la empresa en esa dirección. El alegato lo reforzó al destacar “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo o por codicia”. Sugirió además que Pappalardo actuaba bajo las ordenes del poder económico: “Habrá que investigar si un grupo de tareas del terrorismo de Estado tenía como misión específica detener, torturar y hacer desaparecer a trabajadores y abogados como consecuencia de reclamos y juicios”.
Los jueces dieron crédito a esa opción: “Ante el convencimiento de que las pruebas acumuladas hacen sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra pudieron inducir los delitos, corresponde remitir las copias de los antecedentes para que los investigue la Justicia”.
Finalmente, la sentencia recogió otro reclamo: la responsabilidad del Poder Judicial. El testimonio del juez Carlos Pagliere que intervino en aquellos años ejemplarmente en la instrucción fue clave: relató cómo intentó pedir auxilio en la Corte bonaerense y los ministros después de sugerirle que se aparte y de un llamado de Smart, le anunciaron que el Primer Cuerpo del Ejército había informado que Moreno acababa de morir en un enfrentamiento. Hoy está probado que ese comunicado se tramitó en la Corte el 9 de mayo: ayer, los jueces pidieron la apertura de un sumario por convalidar lo que falsamente se documentó.
