Excarcelan a policía imputado por falso testimonio durante el juicio del caso Moreno

Juárez quedó preso pero pronto recuperó la libertad, al tratarse de un delito excarcelable.
Lo dispuso el juez Comparato en torno al comisario retirado José Juárez. Pero la causa sigue. Al retomarse el debate, habrá una teleconferencia y definen si puede comparecer

El policía retirado José Omar Juárez quedó en libertad tras ser detenido por falso testimonio durante el juicio oral y público que ventila la desaparición, tortura y muerte del abogado Carlos Alberto Moreno, en tiempos de la dictadura militar.
Según indicó a LA VOZ el juez federal Juan José Comparato, el ex comisario fue imputado por un delito excarcelable, y luego de tomarle declaración, inició una investigación que incluirá el cotejo del expediente, y un informe médico legal para determinar su estado de salud. Ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juárez aseveró que había sufrido un ACV.
Su detención fue uno de los hechos salientes dentro del debate en el Aula Magna de la Universidad. Juárez, comisario mayor y oficial principal al momento del secuestro de Moreno, le dijo a los magistrados que le costaba recordar los hechos sucedidos hace 35 años.
Al principio fue escueto, y su relato era vago y poco preciso. Pero cuando le expuso la secretaria del Tribunal su declaración en 1977 ante el juez Paglieri, para sorpresa de muchos Juárez la desmintió, negó haber dicho lo que dijo, y no reconoció su propia firma. Además, afirmó que al ir al lugar de la denuncia, donde una persona amenazaba a otra con una pala, interrogó a un hombre alto, rubio, delgado. Cuando en el 77 lo había descripto como morocho, de unos 25 años, con jean y pullover gris claro, con la impresión de "ser provinciano".
Ese día, el juez Roberto Falcone le anunció: "usted no recuerda haber hecho la declaración, no reconoce la firma y no reconoce haber declarado ante Paglieri". El testigo decía "no tener mala intención". Entonces el Tribunal, inmediatamente, lo imputó por falso testimonio.

LO QUE VIENE

Mientras tanto, y ya sobre el juicio del caso Moreno, trascendió que restan declarar 18 testigos, testimonios que están programados para las jornadas de mañana y el viernes. Y así concluirá la ronda de declaraciones, puesto que la otra semana será el turno de los alegatos, de acuerdo a los plazos previstos.
Mañana al mediodía ( por hoy) se realizará la teleconferencia para que atestigue Pedro Osvaldo Ardoy, quien actualmente reside en Italia. Este hombre estuvo en el reconocimiento del cuerpo de la víctima, en la morgue policial de La Plata.
Asimismo, el ex comisario Alberto Balquinta deberá continuar con su relato interrumpido en la última audiencia. Y está citado Mario Gubitosi, abogado ex detenido desaparecido que trabajó en causas del fuero laboral junto a Moreno.
Del mismo modo, lo harán Carmelo Binci, Blanca Rodríguez, Carlos Pineda, Carlos Santiago, Stella Maris Judell de Tigri, Enrique Pizzorno y Telmo Sánchez.
El viernes, en tanto, comparecerán María Inés Krimer, Mario Florencio Paniagua, Juan Sabala, Carlos Alberto Burle, Hector Tidri, juez Carlos Paglieri, Juana Haydeé Aisteiza de Cassataro, Daniel Dicósimo.
Por último, quedó en suspenso la declaración del ex jefe militar de Olavarría Aníbal Verdura, quien desde Corrientes se excusó con un certificado médico de un galeno particular. De todos modos, la Justicia le envió un perito forense para corroborar su estado.

"No se puede descartar la codicia empresarial como móvil del crimen”

El fiscal Daniel Adler analizó el proceso judicial en que se busca determinar la responsabilidad de dos civiles y tres militares en la muerte del abogado de los trabajadores de Loma Negra, cuando pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat.

El juicio por el secuestro, tortura y asesinato durante la dictadura cívico-militar del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Alberto Moreno, que se realiza en Tandil, tiene entre los cinco imputados a dos civiles. Están acusados de haber provisto a los militares del área 121 del Ejército una quinta para transformarla en un centro clandestino de detención. Pero más allá de la complicidad directa de esos dos vecinos con los crímenes de lesa humanidad allí cometidos, el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, advirtió a Tiempo Argentino que deben investigarse los motivos que llevaron a que el abogado de los empleados de Loma Negra fuera raptado. “Hay elementos que indican la posibilidad de una motivación económica”, señaló a pocos días de que en el proceso judicial comiencen a declarar los trabajadores de la cementera que en aquel entonces pertenecía a la recientemente fallecida Amalia Lacroze de Fortabat.

El juicio por el secuestro y asesinato de Moreno lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata, y se juzga las responsabilidades de los hermanos Emilio y Julio Méndez, del mayor Roque Ítalo Pappalardo, del coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda. El fiscal considera que los testimonios vertidos en las audiencias corroboran la hipótesis de que los dos civiles “facilitaron un lugar para que existiesen personas privadas de su libertad y sometidas a tormentos”, por lo que opinó que “no se trata de simples adherentes, sino de cómplices primarios”.
En la primera audiencia de debate, la familia de Moreno no dudó en señalar a la empresa Loma Negra, que en ese momento estaba en manos de Amalia Lacroze de Fortabat, como instigadora del secuestro del abogado. A pocos días de las declaraciones testimoniales de los trabajadores de la cementera en el juicio y de los alegatos de la querella y fiscalía, Adler analizó la causa y señaló la necesidad de investigar más allá de los autores materiales que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados.

–¿Qué cree que este juicio demuestra acerca de las complicidades civiles con la dictadura?
–En opinión de esta fiscalía, las hipótesis se vienen confirmando. Inclusive hay varios testimonios de personas que han estado en la quinta de los Méndez y hay nuevos testigos del juicio que también imputan hacia los otros coimputados, que son los militares. Hay nuevos testigos que han aportado elementos, así que en mi opinión la prueba se ha visto robustecida durante las audiencias.
–¿Y qué es lo que surgió respecto de las motivaciones del crimen?
–La motivación económica es un tema que flota en todo el juicio. Ha sido recogido a lo largo de las audiencias a través de varios testimonios e inclusive hay prueba documental que lleva a que sea una hipótesis de trabajo bastante fuerte. Es decir, es un abogado que no tenía participación política en ese momento, ni estaba en ese entonces ligado ni participaba en ninguna organización. Es decir, la motivación pasa a ser exclusivamente el ejercicio de su profesión. Hay antecedentes de otros abogados que fueron literalmente raptados por el Estado, es decir que en la hipótesis de que tenga una motivación de codicia empresarial no puede ser descartada. Y en opinión de este ministerio público, es una línea a investigar en el futuro.
–La familia Moreno señaló a la empresa Loma Negra como la instigadora del crimen. ¿Cree que pudo estar involucrada?
–Es un tema que tiene que ser investigado. Yo no lo puedo afirmar ni descartar, antes de realizar una investigación. En mi opinión, con los elementos que existen, es muy probable que el ministerio público, luego de escuchar toda la prueba, realice una petición en ese sentido. Pero no puedo afirmarlo sin tener todas las pruebas. Esto será motivo de análisis para realizar las peticiones ante los jueces. Lo que sí hay, son elementos que indican la posibilidad de una motivación económica.
El abogado Carlos Moreno era oriundo de Olavarría. Tras recibirse en la Universidad Nacional de La Plata regresó a su ciudad  donde comenzó a trabajar para la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y representó a los trabajadores de la cementera Loma Negra. Según consta en la causa, en 1977 le ganó un juicio a la empresa de Amalia Fortabat en representación del trabajador Juan Ventura, enfermo de silicosis por falta de condiciones de salubridad en la sección embolsadora de la fábrica de cemento.
Como ese juicio –según señalan los querellantes en esta causa– había ganado otros cuatro en los que la empresa se vio obligada a desembolsar un millón de pesos, que en moneda actual representaría cerca de dos millones de pesos.
Por eso, en cuanto tuvo oportunidad de hablar ante el tribunal, Matías, el hijo mayor del abogado, apuntó directamente a la cementera de la recientemente fallecida millonaria: “Su labor en defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra, en ese momento propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, y con la anuencia y acompañamiento del coronel (Luis) Prémoli, es lo que lleva, definitivamente, al secuestro, tortura y asesinato de mi padre”, le dijo a los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.
Para el sociólogo y militante de HIJOS de La Plata, el compromiso de su padre con los trabajadores es lo que “lo llevó a entrar como abogado patrocinante de muchas causas que tenían que ver con la denuncia de condiciones de insalubridad en las fábricas que tienen que ver con la fabricación de cemento en Olavarría”, relató en la audiencia.
El jueves y viernes próximos en el debate hablarán los trabajadores de Loma Negra. Entre ellos estará, además, el socio de Moreno, el abogado laboralista Mario Gubitosi, quien pasó la dictadura encarcelado por presión de la firma Losa SA, por representar a los trabajadores de las empresas del circuito productivo de Olavarría.

Por: Pablo Roesler

El ex jefe militar hace teatro con un rosario y una cruz

Pappalardo conocido con su crueldad.

En un clima tenso, el militar Pappalardo se declaró inocente y pidió la absolución
 Un policía con escudo protegió la espalda de Pappalardo durante la media hora de su defensa.
Negó todos los cargos que lo inculpan en el caso Moreno. Sacó una cruz y un rosario, y quiso engañar al Tribunal leyendo un documento sólo en la parte que lo beneficiaba. Indignación de familiares y militantes.

Sin arrepentimientos, con rostro incólume y voz enérgica, Roque Italo Pappalardo enfrentó el micrófono. Eran las 11.25. Pidió una pizarra para dibujar sus argumentos, pero al final, nunca la uso. Al jefe militar le llueven pruebas en su contra: múltiples torturas, secuestros y desapariciones en Tandil lo señalan como organizador y ejecutor. Y en pleno estado de derecho, hizo uso de la facultad que le asiste: declarar ante la Justicia. Una oportunidad que ninguna de sus víctimas tuvo en los oscuros años de la dictadura.
La sexta jornada del juicio oral y público por el asesinato de Carlos Alberto Moreno halló en el testimonio de uno de los imputados un momento que paralizó a todos en el Aula Magna. Al hablar el castrense, en el auditorio se dejaban ver rostros con lágrimas, signos de impotencia: algunos abandonaron la sala, porque no podían aguantar las palabras del hombre acusado de crímenes aberrantes.
Pappalardo pidió hablar en medio de un sinnúmero de testimonios que lo apuntan como el autor de interrogatorios salvajes, a punta de picana y sin contemplación alguna. En su discurso, confrontó de lleno con el fiscal general Daniel Adler, y hasta se animó a leer un documento en forma parcial, destacando sólo la parte que lo beneficiaba y soslayando el resto, cuestión que le valió la advertencia del juez Roberto Falcone.
En concreto, el ex integrante del Ejército basó su defensa en tres ejes: primero, que el área en que se desempeñaba no intervenía en operativos "contra la subversión"; segundo, desmentir una comunicación vía radio entre la Policía y su persona para liberar a Ojeda tras la persecución a Moreno y marcar contradicciones en la testigo clave Petronella Posal, casera del club "Los Cardos" que vio todos lo que sucedía en la Quinta de Méndez.
A su vez, y ya fuera de la causa, Pappalardo prefirió no referirse a la guerrilla, y dijo "no compartir los métodos" de provocación en medio de este tipo de juicios. También se amparó en la religión al sacar una cruz y un rosario, símbolos cristianos que el Tribunal respetó pero solicitó apartarlos del proceso, "ya que aquí estamos juzgando un hecho del que usted es imputado y la fé no tiene nada que ver", especificó Falcone.
Luego de que el castrense arremetiera contra las "vaguedades" de la acusación, se levantó y salió de la Universidad Nacional del Centro como en cada jornada del debate: bajo una andanada de epítetos que lo sindican como asesino y torturador, fuertemente custodiado por la Policía.


"NUNCA JUAREZ PUDO HABLAR POR RADIO CONMIGO"

La declaración de Pappalardo se dio en un clima de mucha tensión. Cerca de las 9, antes de comenzar la audiencia, un joven fue retirado de la sala porque al entrar los procesados, gritó: "milico hijo de puta, cagón, cobarde, Pappalardo, yo estoy orgulloso de mi viejo". El chico también cargó contra Julio y Emilio Méndez.
Minutos después, cuando se retomó el debate, la defensora oficial del jefe militar anunciaba que su asistido iba a declarar. Era la primera vez que uno de los 5 imputados brindaba la indagatoria. Pappalardo no permitió preguntas, y leía un ayuda memoria. Describió la cadena de mandos del Ejército, para sostener que el Batallón Logístico donde él era jefe no intervenía en procedimientos que los militares denominaban "antisubversivos", sino que lo hacían las unidades de combate, así como el Regimiento de Infantería, Caballería y otros.
A su vez, afirmó que técnicamente era "imposible" una comunicación radioeléctrica entre el oficial Juárez (detenido por falso testimonio) y su persona para liberar al militar demorado por la Policía en cercanías de la chacra. "No existe ninguna Radio Experimental Ejército", añadió el acusado. "El fiscal habla de generalidades, pero nunca dice cómo, qué y cuándo. Es más, nunca dice Pappalardo dispuso" tal cosa, alegó.
"Mal me pueden endilgar tareas propias de un jefe de batallón, cuando yo era el tercero en la escala de mando, tenía dos superiores arriba", dijo para desprenderse de los cargos. Y desmintió que haya recibido "órdenes de ese tipo", esto es, secuestrar, torturar y matar personas. Como algunos fragmentos de su relato adelantaban términos del alegato -paso procesal que vendrá después-, Pappalardo fue instado a hablar del caso Moreno, y sólo de eso. Pappalardo también cometió un fallido al proferir: "en el lugar en que supuestamente se mató a Méndez", cuando la víctima es Moreno, y Méndez está acusado de colaborar para mantener cautivo al abogado laboralista olavarriense.
"En conclusión, el oficial Juárez nunca pudo hablar por radio conmigo porque no podía haber tal comunicación", reiteró al sostener que las manifestaciones del policía "carecen de fundamento". Pappalardo también ironizó deslizando que algunos de los presentes en el público "se acuerdan del ataque al Regimiento de Azul en 1974 porque quizás hicieron algún aporte logístico" al ataque "guerrillero". Ese improperio le costó la inmediata amonestación del Tribunal, que exigió “respeto” en el desarrollo de la audiencia.
Tras estos dichos, y el cuarto intermedio hasta el jueves próximo a las 12.30, se llevó a cabo el tumultuoso egreso de los 4 imputados -faltó José Luis Ojeda-. Efectivos de la Bonaerense y la Federal montaron un operativo de distracción para que los militantes no se abalanzaran contra los patrulleros. Y fragmentaron la salida en dos puertas.

PERITO

Por otro lado, se supo que el ex teniente coronel Aníbal Verdura, organizador de la represión ilegal en Olavarría, debía declarar como testigo en esta causa pero desde la provincia de Corrientes se excusó por razones médicas, mediante un certificado de su galeno personal. De todos modos, los jueces ordenaron que un perito forense determine si la gravedad de su cuadro le impide comparecer.

BALQUINTA Y SU INTERCESIÓN ANTE VERDURA

El ex comisario Alberto Balquinta estaba al mando de la Comisaría Primera de Olavarría en 1977, cuando ultimaron a Moreno. Ayer asumió que tomó la denuncia de la desaparición del abogado, formulada por los letrados Rocha Campos y Aramburu. "Eso se elevó al juez Pagliere y no recuerdo más", remarcó. Pero su rol en el tema no concluyó allí. Balquinta le gestionó a los miembros de la Asociación de Abogados una reunión con Verdura en la propia seccional, cuando ya se había consumado el asesinato. "En ese momento, Verdura estaba en Tandil, no sé porqué", adujo. Ante la insistencia del fiscal Adler, sobre las hipótesis que manejaba la Policía como responsable de la investigación, respondió: "lógicamente que eran fuerzas militares, ahí nos enteramos de todo". Esta declaración fue suspendida y continuará la semana que viene, a la espera de documental que "refresque la memoria" de Balquinta.

LA EMOCION DE LAS VICTIMAS

También hablaron ayer los ex detenidos Victoria Argentina Rodríguez, Jorge Puggioni, Anselmo Luján Gómez, Carlos Saglul y Walter Fernández. Estas declaraciones volvieron a conmover por el dramatismo y la crueldad que sufrieron en sus cautiverios, con patrones comunes como "La Huerta", la quinta "Las Acacias", el ISER y posiblemente la Quinta de Méndez como los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad.

SU FRAGIL SALUD LE IMPIDIO DECLARAR

Las expectativas del juicio también estaban depositadas en la palabra de Petronella Paula García de Posal, la ex casera de "Los Cardos" que con sus ojos registró los días en que militares ocuparon la casa de la chacra de Méndez, donde por las noches se escuchaban gritos de personas sufriendo. La anciana fue traída por la fuerza pública, en silla de ruedas. Su testimonio era clave, pero la frágil salud mental de la persona hizo inviable el testimonio. Al entrar la abuela dijo en forma espontánea: "lo agarraría del cogote a Méndez, te vendiste por unos pesos". También lloró al grito de "porqué me hacen esto a mí", evidentemente molesta con la obligación de comparecer.

El asesinato de Carlos Moreno por encargo de las cementeras

A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977, mientras investigaba y ya había denunciado a Loma Negra por una enfermedad respiratoria que contraían los obreros del sector Embolsado, llamada silicosis. Moreno le había ganado a la empresa por lo menos tres demandas representando a algunos de los obreros que se ofrecieron incluso a hacerse una operación a “pecho abierto” para hacer los estudios que revelaron el problema. Los datos de la Dipba y la información que se recopiló en la investigación dan cuenta de que él no estaba vinculado con organizaciones políticas o gremiales, sino que era un abogado comprometido con los trabajadores. Las fichas de la Dipba lo encolumnan en el “peronismo pacifista”.

Los hijos de Moreno, Matías y Martín, asocian su muerte a los reclamos a Loma Negra. Hay, a esta altura, pruebas que fueron recogiendo en el juicio que avalan esa hipótesis. Por un lado, el fiscal federal Daniel Adler aportó los expedientes de los casos que Moreno llevó adelante y le ganó a la empresa. Por otro, están las fichas de la Dipba que lo desvinculan de una relación política. Y el jueves pasado, por ejemplo, declaró un testigo clave que apuntaló esa dirección. Ignacio Miguel Ruppel dijo que le ganó una demanda a una de las cementeras, y al día siguiente el mayor Roque Italo Pappalardo lo secuestró.

Esos son algunos elementos que hacen concluir que el homicidio se hizo por encargo del poder económico. Una de las escenas del día del asesinato de Moreno también agrega otro dato. Es el momento en el que el jefe de la Unidad Regional de Azul, el teniente coronel del Ejército Aníbal Verdura, le entrega el cuerpo a su familia. Para entonces, en Olavarría se había armado un revuelo porque los obreros de AOMA se levantaron para reclamar por el homicidio. El jefe, en ese contexto, le dijo a la familia que sólo les entregarían el cuerpo si lo enterraban fuera de Olavarría.

La ficha

- Carlos Moreno, “actividades de neto carácter subversivo”.

Los peritos encontraron dos fichas de Carlos Moreno en los archivos de la Dipba. La primera es del 11 de marzo de 1974. Ubicada en la Carpeta 37, con los registros de las agrupaciones políticas, bajo el legajo 271 de la Juventud Peronista Pacifista de Tandil, dice:

Apellido: Moreno
Nombres: Carlos
Nación: Argentina
Matrícula Nº: 4.987.004
Domicilio: Collinet Nº 2733

El informe firmado por el oficial inspector Luis Oscar Calcagno, jefe de la Delegación de la Sipba de Azul, expone que “el señor Carlos Moreno, de profesión abogado, Matrícula Nº 4.987.004, pertenecería a la Juventud Peronista Pacifista en la ciudad de Olavarría”. Más adelante, ya después del asesinato, aparece otro legajo. El nombre aparece en la sección “DS”, es decir personas caracterizadas como “subversivas” o “terroristas”. La ficha es del 20 de mayo de 1977 y recoge una denuncia que habían hecho sus allegados en Tandil. Hay una cita del entonces juez de la causa, Carlos Pagliere: en el punto tercero hace saber “la confirmación oficial del comunicado emitido por las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército, en el que se involucra en forma inequívoca a Carlos Alberto Moreno como activo protagonista de actividades de neto carácter subversivo”.

Socios en la represión y los negocios

El espionaje de la bonaerense y la empresa a los trabajadores de Loma Negra durante la dictadura

Los documentos revelan que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, se creó un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe se presentará en el juicio en el que se investiga el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.

Por Alejandra Dandan
Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos.

En 1976 la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires tomó nota de las leyendas rociadas con aerosol en las paredes de un secadero, dos baños y una ducha de una de las cementeras de Olavarría. “Unidad y lucha”, decía una en reclamo de un aumento de salario. “No al hambre.” “El pingo será de los obreros organizados.” No era la primera vez, sin embargo, que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inmiscuía entre los obreros de la zona. Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos. Y en particular, lo fueron los obreros de la cementera de Loma Negra.

A una semana de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, un informe sobre los archivos de la ex Dipba revisa varios casos de persecución en la zona y se detiene en un expediente que demuestra que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, los espías crearon un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que está a cargo de aquellos archivos, será la base sobre la que darán testimonio esta semana varios obreros en el juicio oral de Tandil. El juicio investiga el secuestro y asesinato de Carlos “El Negro” Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representó a los obreros de Loma Negra en varias causas judiciales porque en medio del proceso de producción contraían una enfermedad en los pulmones. Los documentos de la Dipba muestran a Moreno como un “peronista pacifista”. La ausencia de datos que lo vinculen con una organización política, y entonces a la categoría de “subversivo”, abrió las preguntas de por qué lo mataron. Los testimonios que surgieron en el juicio y las pruebas que presentó el fiscal federal Daniel Adler con antecedentes de las batallas judiciales que Moreno llevó adelante y ganó, con costos millonarios para la empresa, abonan la hipótesis de que pudo haber sido un crimen por encargo. ¿Por encargo de quién? La hipótesis más importante es que se haya tratado de un crimen por encargo del poder económico (ver nota aparte).
Los largos brazos de la Dipba

El nombre del organismo de inteligencia de la Policía Bonaerense es tan largo como la extensión que tuvieron sus brazos. La Dipba escudriñó las actividades de AOMA desde los años ’50 hasta los años ’90: “De la lectura de los legajos surge con claridad el énfasis puesto en esa Asociación”, dice el informe de la Comisión. “Podemos observar los registros de cada uno de los sindicatos durante 40 años: 40 años de vigilancia, infiltración, hostigamiento, es decir, 40 años de persecución ejercida por la Dipba bajo sus distintos nombres, sobre alrededor de 3000 obreros del cemento, cal y derivados, y sus formas organizativas, en un solo partido de esta provincia: Olavarría.”

El caso especial es Loma Negra: “Si bien en cada uno de los sindicatos o seccionales de AOMA, la Dipba hizo análisis de sus comisiones directivas, de sus integrantes, con datos personales y caracterización de pertenencia política; infiltración de sus asambleas, de quiénes participaban, cómo y dónde lo hacían, es sobre la seccional Cemento Portland-Loma Negra donde hicieron mayor hincapié”, continúa el informe en el que trabajó la perito Claudia Bellingeri, directora del programa Justicia por los Crímenes de Lesa Humanidad.
Perturbaciones en el horno número 7

Uno de los documentos paradigmáticos es de 1979. El legajo 88 ubicado en la sección de la Mesa B, dedicada a las actividades obreras y fabriles, se llama: “Loma Negra SA Anexo I - Olavarría”. A ojos de la Comisión, “permite ver, en parte, las relaciones de la empresa con las fuerzas represivas, por ejemplo con la inclusión del personal de la comisaría de Olavarría en tareas de vigilancia interna a pedido de la empresa”. Un dato que se repite años después, en otro legajo, que dice: “A requerimiento de la fábrica cúbrese servicio con personal de la Cría. Olavarría, sub Cría. Loma Negra e Infantería Azul, a cargo Crío. Julio Néstor Cazaux supervisado por Crío. Inspector Daniel Pérez”.

El legajo empieza con una carta “reservada” entre dos funcionarios de Loma Negra y contiene un informe con problemas de los últimos tres meses, detrás de los cuales intuyen un sabotaje. La carta, dirigida al director ejecutivo, la escribió el gerente de superintendencia de la fábrica, ingeniero Juan R. Pené. La cosa es tan protocolar que le puso un título: “Perturbaciones durante la ampliación del horno 7”.

La carta es sólo el comienzo del legajo. Los problemas estimularon la creación de un grupo especial para hacer tareas de inteligencia en la fábrica. A la cabeza del grupo se puso el director de Inteligencia Interior, comisario mayor Alberto Rousse, que sumó a hombres de la comisaría de Olavarría y de la Brigada de Investigaciones de Azul, entre otros. Según los informes, poco a poco se convencieron de que todos los problemas estaban localizados en una sola área: la del horno número 7. El lugar donde trabajaban las contratistas de la fábrica.

Las contratistas, dijeron, “han tenido problemas salariales con su personal dado que en el momento del contrato prometieron montos que no se concretaron en el momento de cobrar, lo que fue superado pero no solucionado, quedando latente la disconformidad de muchos operarios (...). Debemos tener en cuenta que todos los problemas aparecen en la zona del horno 7, que se encuentra precisamente en el área donde llevan a cabo su trabajo las empresas contratistas”.

Convencidos de que la planta “toda es tremendamente vulnerable”, explicaron en ese mismo informe que la situación parecía producto de la actitud de algunos disconformes, por lo tanto no organizados. En el punto final sugieren el alcance del acuerdo con la empresa: “Respecto de la reunión de información, ésta se verá grandemente facilitada –dicen– y será obtenida directamente en el terreno por dos suboficiales que han sido infiltrados y ya se encuentran desarrollando tareas como vulgares operarios en la planta y precisamente en los lugares físicos donde aparecieron las irregularidades”.
La evolución

Los documentos de la ex Dipba sobre los obreros de AOMA revelan cómo fueron creciendo gradualmente los seguimientos sobre el gremio y los de Loma Negra: los primeros informes son de 1954 y muestran a la comisaría de Olavarría recabando datos; luego avanzan hacia los momentos de huelgas con presencias de agentes infiltrados; más tarde sitúan la intervención de la SIDE y un pedido de información en una huelga, hasta llegar más tarde a la formación del grupo especial para las tareas de inteligencia dentro la empresa.

La mayoría de los legajos están en la Sección Mesa B. Uno de los más importantes, porque reúne en forma parcial tareas de seguimiento constantes entre 1951 y 1980. Es el legajo Nº 3, llamado “Asociación obrera minera argentina, Olavarría”. Al comienzo, el informe de 1954 muestra que ya para entonces existía un canal de información entre la comisaría de Olavarría, la delegación de Inteligencia de la Unidad Regional de Azul y la Dipba, con una delegación probablemente en Azul. Quien hace el pedido solicita a la comisaría los nombres de la comisión directiva de AOMA y también de sus “ideologías” políticas. En 1958 se ve el informe de un agente de Inteligencia encubierto llamado José Portas Vásquez, que se infiltra en una asamblea y envía los datos al jefe de la Sección Búsqueda de la Policía, comisario Emilio Mandagarán. En 1964 aparece Loma Negra: esta vez, en medio de una huelga, la SIDE requiere informes de los obreros de la cementera. Les pide a los espías nombres de la comisión directiva y de los afiliados del sindicato de obreros del cemento, cal y anexos de Loma Negra. A fin de 1971, otro documento muestra que existen varios canales de distribución de la información: un memorándum dirigido al inspector general Héctor Etchepare con detalles de un informe de otro agente infiltrado en una asamblea de AOMA en el conflicto con una empresa, pasa al ministro de Gobierno, el jefe de Policía, el subjefe de Policía, al jefe del Destacamento Inteligencia 101, al Primer Cuerpo del Ejército y al jefe del Batallón Inteligencia Militar 601, entre otros destinos.

Años después la carpeta sigue creciendo. En 1973 enumeran los nombres de la comisión directiva con mandato hasta 1975 y detallan procedencias políticas. Y aunque el legajo no tiene más información hasta 1980, hay otros que muestran la actividad de la Dipba sobre los obreros del cemento durante la dictadura.

En la misma Mesa B, el legajo 18 muestra en su última foja un listado de la comisión directiva de AOMA, seccional Calera Avellaneda, que asumió el 10 de enero de 1976. Y ese mismo año, en otro legajo del 6 de octubre, los espías sondean las paredes de dos baños, secadero y duchas generales de la empresa LOSA. El legajo está ubicado en la Mesa DS, dedicado a los sospechados de actividad “subversiva”: y “corrobora la presencia de personal de Inteligencia en el interior de la fábrica –dice el informe–, en particular la vinculación del capataz Fermín Cornejo con el personal policial. La Dirección de Inteligencia después de investigar sobre unas pintadas que aparecen solicitando aumento salarial se instala en la fábrica para realizar tareas encubiertas de persecución política”.

A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977. Para los peritos del archivo, estos antecedentes son importantes: “Dan cuenta del contexto que se vivía en Loma Negra”.

Nuevos testimonios sumaron a la acusación de la relación de Emilio Méndez con los militares

En el cuarto capítulo del juicio oral y público por el secuestro y asesinato del abogado Carlos Moreno en el 77 se sumaron nuevos testimonios que ayudaron a la hipótesis fiscal para hilvanar la relación entre Emilio Méndez y los militares. Contundentes relatos sobre la impunidad con que se buscó tapar el asesinato del letrado laboralista.
 
Ayer se sumaron nuevos testimonios en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, quienes a sus modos y sus formas aportaron más elementos que dejan sentado cómo funcionó el circuito represivo de la dictadura y cómo actuó cuando se emplazó en la chacra de los Méndez hasta la muerte del letrado olavarriense.
Fueron seis los vecinos que desde las 8.30 hasta pasadas las 15 desfilaron frente el Tribunal Federal, testimonios con los que la fiscalía buscó sumar más elementos para acreditar dónde murió Moreno, mientras que desde la querella intentó encontrar lazos que unan la relación cívico militar. Más precisamente la de los militares y los Méndez.
Con la ausencia acordada de Tommasi y Pappalardo, los imputados volvieron a ubicarse detrás de sus defensores bajo una estricta custodia. A escasos metros, nuevamente –como a lo largo de todas las audiencias- el público colmó la sala del Aula Magna que resultó escenario ya de novedades varias a pesar de que se está ventilando un caso ocurrido hace 35 años.
 
Testigos de la impunidad
 
Dentro de cómo funcionaron las anomalías y falta de garantías varias que se vivían por aquellos años, comparecieron dos hermanos hoy entrados en canas, pero que por esos días eran jóvenes y que fueron testigos de la impunidad con que se manejaban.
Luis Horacio Landaburu estaba junto a su hermano Carlos, quienes se encontraban en un kiosco de 9 de Julio y Pinto alrededor de la medianoche, cuando aparece un patrullero, un Ford Falcon con policías, quienes los llevaron como testigos para realizar una inspección ocular en la casa de la quinta de los Méndez, inspección que una vez detallado de que se trató la recorrida no fue más que una parodia al decir de los propios testigos.
El auto en el cual eran llevados sería a los pocos metros secundado por otro vehículo, en el que lograron divisar que había efectivos militares, portando armas largas que una vez arribados al lugar hicieron las veces de guardia en la zona.
Los Landaburu ingresaron entonces a la casa y los hicieron dirigir a una de las habitaciones. Uno de los oficiales los hizo “observar” con una linterna el cuarto y sin más los trasladaron hacia la comisaría Primera.
Sobre lo que los hermanos recuerdan de lo que vieron, se detalló sobre manchas de sangre en las paredes, manchas que asimilaban ser de manos apoyadas sobre dicha superficie. Algún colchón dado vuelta y no mucho más.
Lo llamativo fue que una vez en la dependencia policial le redactaron una declaración que nunca leyeron (“en esos tiempos no había opción, o firmabas o firmabas”, supo graficar Luis) la cual reseñaba que no habían visto nada anormal en el lugar.
Otro dato que interesó a la acusación, fue cuando Carlos Landaburu tras coincidir con el relato de su hermano añadió que recordaba que en medio del procedimiento que se hizo en la comisaría había un hombre de civil con gesto adusto, preocupado, dejando entrever según su descripción que pudo haber sido Emilio Méndez.
Es más, entre las firmas de las declaraciones inventadas por la policía, hay una aclaración que reza el nombre E. Méndez.
 
Bassi y los ex intendentes
 
Luego se sucedería el testimonio de Estela Maris Bassi, quien libro en mano en el que precisamente contó sobre la historia de los desparecidos en Tandil y la zona, quiso aportar desde su información a la causa que aquí se ventilaba en torno a la muerte de Moreno.
Si bien en varios párrafos de su relato se desvió hacia una sórdida trama mucho más general y abarcativa de víctimas y victimarios de aquel circuito represivo, quien fuera trabajadora social por aquellos tiempos y militara en la faz gremial hasta ubicarse dentro de las agrupaciones de Derechos Humanos, ratificó lo que oportunamente había volcado al expediente, como así también a su libro Piedra que late, de reciente presentación.
La mujer reseñó que en una oportunidad que ella militaba ya para la Cta, sería visitada por el teniente Fermín Lazarte, conocido de su padre que vendía seguros y ya había fallecido. Como conocido de su padre, entonces, fue a su casa para advertirle que él trabajaba para la Side y que sabía que “Ojeda estaba tras de ella por lo que se dejara de joder con esos zurdos”.
Luego relataría su relación con Petronila Posal, que era la casera del Club Los Cardos y quien le relataría sobre aquellas noches de gritos de socorro, de dolor, de disparos y militares que veía a metros de su lugar, en la quinta de los Méndez. En una de sus conversaciones, la mujer le aseveró que vio cómo habían ejecutado a dos personas, entre ellas se cree que a Moreno.
Bassi la acompañaría luego a realizar la denuncia frente a la Conadep cuando estuvo en la ciudad precisamente recopilando información, testimonios de aquel horror en Tandil.
También la declarante reseñaría minuciosamente lo conversado por quien fue un testimonio clave en el caso, Marcovechio, quien junto a María Bulfoni resultaron fundamentales a la hora de contar lo que vieron con el abogado como denunciarlo en la comisaría.
La mujer refrendaría lo oportunamente expresado, aquello que Marchioni tenía miedo para atestiguar –de hecho no lo hizo luego cuando fue citado- frente a la amenaza que había recibido. La amenaza en cuestión versó sobre la cita que un día antes a prestar declaración lo hizo el militar Mur a su casa del Barrio Falucho, donde lo esperaban también el interventor militar y luego intendente Julio José Zanatelli y Emilio Méndez, quienes le sugirieron no hablar de lo que había visto o corría riesgo de vida junto a su familia. Bassi dijo también que Marchioni le dijo que le mostraron la foto de Gino Pizzorno, quien lo describieron como otro que había estudiado junto a Moreno en La Plata y que iba a correr con la misma suerte. Pizzorno –que estaba en la sala como público- por aquellos días se iría del país a radicarse en Canadá.
 
Emilio Méndez
 
En su extenso repertorio, Bassi no dejaría de tratar de definir la influencia, las relaciones sociales y económicas que tenía Emilio Méndez en la ciudad. Incluso refirió a cuando fue parte del directorio de la Usina y colocó en su cuenta personal parte de los fondos de la empresa de economía mixta.
A preguntas de la defensa de los acusados qué elementos de prueba tenía para afirmar lo que decía, si le constaba lo que estaba expresando, la mujer se limitó a expresar que sus conocimientos venían de boca de terceros, por lo que se hablaba en la ciudad.
Cerraría el defensor preguntándole sobre una relación personal que había mantenido con el mismísimo Méndez, a lo que Bassi asintió, sin que el presidente del Tribunal Falcone dejara de intervenir para preguntarle si dicha relación no alteraba su juramento de decir verdad, a lo que la mujer aseveró hablar con verdad.
Con el comparendo de tres testimonios más (ver aparte) cerraría el cuarto capítulo de un juicio que sigue generando la atención ciudadana, a partir de la reseña histórica de lo que pasó en la ciudad y la escalofriante historia del abogado Moreno, como así también las consecuencias que en la actualidad sorprenden, con nuevos detenidos, presuntas amenazas e incomodidades de ayer y de hoy. El próximo jueves, al mediodía, se añadirán más testimonios, más historias de un pasado que sigue marcando el presente.*

 Otro testimonio del horror
 
Ayer también pasó por la sala de audiencias Daniel Angel Posal, quien por aquellos años estudiaba en Buenos Aires pero cada quince días venía a visitar a sus padres, caseros del Club Los Cardos.
Posal reseñaría sobre los comentarios que su madre refería sobre lo que ocurría en la chacra de los Méndez, a quien dijo que él recordaba haberlos visto en el lugar en algunas oportunidades.
También se le refrescaría la memoria leyéndole lo que en el 86 había expresado sobre lo que observó en el lugar con el movimiento de militares, lectura que refrendó ahora frente a los jueces.
También contaría sobre su visita junto a su madre y hermana una vez disipada la presencia de los uniformados a la casa, donde vio las camas, los cables, las gasas con manchas de sangre. Es más, admitió que el juntó algo de eso. Unos anteojos, unas gasas y un papel que tenía un número de teléfono y las escondió.*

 La intervención de los abogados
 
Cerrando la nueva audiencia, llegaría el turno de dos reconocidos abogados tandilenses que oportunamente intervinieron en el caso por circunstancias diversas, como fueron el doctor Osvaldo Gutiérrez y Juan Mario Pedersoli.
Primeramente Gutiérrez sería el que recordara con nitidez que por casualidad estaba realizando un trámite en la Seccional Primera cuando se topa con Valentín Bulfoni, quien justamente estaba presentando una denuncia por lo ocurrido con un abogado de apellido Moreno.
Frente a lo expuesto, Gutiérrez pidió una entrevista con el entonces comisario Menéndez, quien al ser consultado cerró con llave su oficina y le informó que sí, efectivamente algo había pasado. Incluso le hizo un gesto con sus manos elocuente como que algo raro había pasado con Moreno, pero que estaba a cargo fuerzas superiores, por el Ejército.
Gutiérrez, quien destacó el “gesto” del comisario por informarlo sobre lo ocurrido llamó de inmediato al Colegio de Abogados de Azul avisando sobre noticias de Moreno.
Ya en tiempos de democracia, como concejal, relataría luego su intervención en la Comisión de Derechos Humanos formada para la ocasión, desde donde atendieron muchos testimonios sobre lo que había ocurrido por aquellos años, y no sólo por el caso Moreno. Así, visitarían luego La Huerta, el Iser y el cementerio, en búsqueda de información que sirviera para empezar a esclarecer lo que había ocurrido en aquellos años de plomo.
Juan Mario Pedersoli sería también quien refrendaría lo expuesto por su colega. Recordando que cuando se anoticiaron del caso Moreno fueron a consultar al en su momento jefe del Ejército, aunque no tuvieron suerte alguna. También luego formaría parte de la comitiva que junto al juez Pagliere allanarían la comisaría en busca de pistas sobre el paradero del abogado olavarriense.*

“Que investigara era muy mal visto por empresarios de la estirpe de Fortabat”

Martín Moreno, el hijo de Carlos Moreno relató cómo fue el secuestro de su padre cuando defendía a los trabajadores de Loma Negra. Está por comenzar el juicio a los responsables en una causa marcada por la connivencia empresarial con la dictadura.

 Entre declaraciones y testimonios van emergiendo algunas responsabilidades más entre militares de la ciudad de Olavarría, de donde era oriundo mi padre y donde crecimos nosotros. También surgieron complicidades civiles relacionadas con la empresa Loma Negra, en donde trabajaban todas las personas que él defendía”, contó Martín Moreno en Mañana Más, el programa que conducen Luciano Galende, Cynthia Ottaviano y Hernán Brienza en la mañana de Radio Nacional. Martín es hijo de Carlos Alberto Moreno, abogado que representaba a trabajadores de Loma Negra y que fue secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar.
La responsabilidad de dos civiles, dos hermanos que cedieron una quinta en Tandil y que funcionó como centro clandestino, y la cementera Loma Negra, de Amalia Lacroze de Fortabat son algunos de los ejes del juicio oral que empezará en Tandil por el secuestro y asesinato del letrado que en  abril de 1977 investigaba una enfermedad pulmonar que contraían los trabajadores del sector de embolsado de Loma Negra. A continuación, la entrevista realizada por Ottaviano.
 
–¿Cómo y a qué edad te enteraste de la historia de tu padre y desde cuándo te involucraste con la búsqueda de verdad?
–Siempre digo que desde que tengo conciencia supe la historia de mi padre y por sobre todo, la verdad de esa historia. Después hemos ido construyendo de a poco las particularidades pero siempre supe que a mi padre lo habían matado los militares. Eso ayudó a que todo sea más fácil y a que podamos dedicar toda la energía directamente a construir quién fue mi papá. Paralelamente, luchamos día a día para que se sepa la verdad y que los responsables de su muerte estén sentados frente a la justicia.
–¿Qué cosas ya están probadas con respecto al secuestro y al posterior asesinato y quiénes serían los responsables?
–Desde el día siguiente al asesinato de mi padre en el año 1977, hay muchas cosas probadas porque, en su momento, tomó intervención un juez penal que con gran valor pudo avanzar y tomar testimonio a testigos que habían presenciado cómo se escapó mi papá del lugar donde lo tenían secuestrado y cómo posteriormente miembros del personal militar lo volvieron a capturar para llevárselo y darle muerte. Gracias a eso, inmediatamente se supieron un montón de verdades sobre lo que había sucedido pero después, los militares y el mismo Estado se encargaron de ir poniendo trabas permanentes para que los responsables no paguen lo que hicieron. Ahora, la parte judicial se está llevando a cabo en Tandil y los imputados son tres militares y dos civiles. Los cinco están en prisión esperando que se desarrolle el juicio. Los dos civiles son los hermanos Emilio y Julio Méndez, unos personajes con una historia muy oscura en Tandil, y los tres militares son Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda quienes están directamente vinculados con el asesinato de mi padre.
–¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, dueña de Loma Negra en ese momento?
–Con un poco de sorpresa porque se murió justo en este marco, en el momento en el que estaba siendo investigada su responsabilidad en la muerte de mi viejo. Mi padre era abogado de los trabajadores del gremio Asociación Obreros Mineros Argentinos y justamente estaba llevando a cabo una investigación sobre las condiciones insalubres a las que eran expuestos los  trabajadores. Obviamente que invetigara era muy mal visto por empresarios de la estirpe de Amalia Fortabat, ya que implicaba una transformación en los modos de producción que tenía, en este caso, la cementera Loma Negra y eso significaba tener que gastar plata en el bienestar de los empleados y menor ingreso para ellos. Evidentemente resultó más fácil matar a mi viejo que invertir en la transformación de los sistemas de producción de la empresa.
–¿Qué sería justicia, en este juicio oral?
–Mi viejo dio la vida por la justicia. A pesar de que pasaron 35 años siempre quisimos que los responsables de la muerte de mi padre tengan los derechos y garantías que no le dieron a él. Justicia es que se atraviese ese proceso y que a través de este se sepa absolutamente toda la verdad sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales y por qué se lo llevaron a mi viejo. Queremos saber por qué lo mataron y que todos los responsables de esa muerte sean juzgados, porque el que las hace las paga.