jueves, 4 de diciembre de 2014

Olavarría: piden perpetua para tres acusados de Monte Peloni

Ocurrió en la primera jornada de alegatos e incluye el cumplimiento efectivo en cárcel común. Alcanza a Ignacio Verdura, Walter Grosse y Omar Ferreyra.

Los acusados por delitos de lesa humanidad en Monte Peloni
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Tres de los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Monte Peloni de Olavarría, recibieron pedidos de prisión perpetua en cárcel común. Fue durante la primera jornada de alegatos del juicio que se realiza en la facultad de Ciencias Sociales de esa ciudad, en la cual los protagonistas fueron las querellas.

Manuel Marañon, representante de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, pidió la pena máxima para Ignacio Verdura, Walter Grosse y Omar Ferreyra, 25 años para Ruben Leites y la revocación de la prisión domiciliaria Ferreyra.

En la continuidad de las audiencias, este jueves presentarán los alegatos los fiscales. Durante esa jornada se conocerá la fecha en que se brinden los alegatos de las defensas de cada uno de los imputados.

El juicio arrancó el 22 de septiembre, y desde aquella jornada pasaron por la sala testigos, víctimas y los cuatro imputados en la causa. La causa es encabezada por el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata, conformado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela.

Durante el juicio, a Verdura se le agregaron los homicidios calificados de dos matrimonios desaparecidos (Amelia Isabel Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma, y Rubén Argentino Villeres y Graciela Noemí Follini) y a Grosse y Ferreyra los de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini, por los cuales al principio del juicio sólo debía responder Verdura.

viernes, 31 de agosto de 2012

Reconocimiento a la memoria: "Quinta de los Méndez"

A pesar del tono triunfalista y oficial durante la inauguración, tono que se repite en actos similares, la llamada “Quinta de los Méndez” de la ciudad de Tandil, utilizada durante la última dictadura militar para el secuestro, la tortura y el asesinato de personas, fue señalada como sitio de memoria,

La quinta, ubicada en el paraje “Los Laureles” de Tandil, perteneció a los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, quienes cedieron el predio al Ejército para que lo utilizara como centro clandestino de detención, lo que constituyó una prueba testimonial de la participación de sectores de la sociedad civil en la persecución de opositores políticos.

Allí se emplazó la señalización, con información que hace referencia a los crímenes que se cometieron en el lugar.

También se cambió hoy el nombre de una de las calles linderas, conocida popularmente como “Camino Encantado” o “Camino Misterioso”, por el de “Dr. Carlos Alberto Moreno”, en homenaje al apoderado de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) y de los trabajadores de la cementera Loma Negra de Olavarría, quien fue secuestrado entre abril y mayo de 1977, sometido a tormentos y asesinado.

Por el crimen de Moreno fueron condenados el 16 de marzo último por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata a los ex Jefe del área militar 121 de Ejército, Alberto Tommasi; el ex Mayor del Ejército Argentino en funciones de oficial de operaciones, Roque Italo Pappalardo; y al ex cabo primero y jefe de grupo del escuadrón de transporte del área militar, José Luis Ojeda; a cadena perpetua; y a los hermanos Méndez a penas de 15 y 11 años por haber sido partícipes necesarios.

También el Tribunal ordenó investigar al entonces directorio de la empresa “Loma Negra” por las sospechas de haber “inducido” los delitos y, por su ocultamiento y tergiversación, una causa que está en marcha.

Y ordenó investigar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al entonces ministro de Gobierno, Jaime Smart, por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio de Moreno como producto de un enfrentamiento.

En el juicio por el crimen de Moreno quedó comprobado que los hermanos Méndez tenían una relación estrecha con altos mandos del Ejército y cedieron su propiedad para que allí funcionara un centro clandestino de detención, a cambio de obtener beneficios económicos, políticos y sociales para llevar adelante sus emprendimientos personales.

lunes, 19 de marzo de 2012

Las repercusiones de un fallo paradigmático por delitos de lesa humanidad en Tandil

“Ahora vamos por Loma Negra, por los verdaderos ideólogos del crimen”
Los familiares de Carlos Moreno elogiaron las condenas por el asesinato del abogado laboralista. Su hijo Martín festejó el inicio de una investigación a la empresa. “Defendiendo a los trabajadores, mi padre los molestaba”, dijo.

Hemos empezado a vivir con alegría.” Emocionado, Martín Moreno eligió esa frase para explicar el significado del fallo que condenó a tres militares a prisión perpetua, impuso penas de once y 15 años a civiles y ordenó investigar a la empresa Loma Negra por el secuestro y desaparición de su padre, el abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura.
El último día del juicio por el asesinato de Moreno fue acompañado por un festival que comenzó poco antes de la lectura de la sentencia con la actuación de una banda local. La multisectorial Memoria, Verdad, Justicia y Alegría junto a la Universidad del Centro de Tandil, en cuya sede se leyó la sentencia, organizó una serie de actividades durante todo el proceso que incluyeron pintadas de murales en vivo, danza y culminaron con la actuación de músicos locales de La Plata y Capital. Los Cocos, Planeta Frito, The Nylon y Encías Sangrantes animaron el festejo de una sentencia favorable a los pedidos de la querella.
Frente a miles de personas que se reunieron frente a la plaza principal de la ciudad de Tandil, los hijos de Moreno hablaron y se emocionaron al recordar a su padre y la lucha que tuvo durante sus años como abogado defensor de los trabajadores de Loma Negra. También agradecieron el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad que se sumaron a su  reclamo a lo largo del juicio. Organizaciones políticas, sindicales, barriales y de Derechos Humanos participaron del acto en un clima de alegría, contenida durante los últimos días.
Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora habló especialmente a los jóvenes que presenciaron la lectura del fallo, felicitó al tribunal que entendió en la causa y arengó a continuar la lucha. “Esto demuestra que a Néstor no lo enterramos, lo sembramos”, puntualizó.
Karamelo Santo cerró el festival en medio de aplausos y cánticos del público que siguió festejando hasta bien pasada la medianoche del viernes.
“Hemos empezado a vivir con alegría”. Martín Moreno, hijo del abogado desaparecido, hizo la reflexión en diálogo con Tiempo Argentino.

–¿Que impresión les dejó el fallo?
–Mucha alegría, empezamos a festejar que por fin los asesinos, los ideólogos de este genocidio que hemos tenido que padecer todos los argentinos paguen por ello vayan presos, que tengan todas las posibilidades de defenderse. En el caso de estos cinco imputados tuvieron todos los derechos y garantías que le da un Estado de derecho. Lo han usado de forma pobre, de mala manera y, de hecho, lo han, de alguna manera, menospreciado. Estaban convencidos de que seguían en su burbuja de impunidad, pero el tribunal se ha sometido a las pruebas objetivas que se han brindado en todo este proceso y ha dictado una sentencia ejemplar.
–¿Están conformes, entonces?
–Sin duda: cárcel común, se abre una investigación sobre la complicidad y responsabilidad de Loma Negra que son los reales ideólogos del asesinato de mi padre, a quienes mi padre molestaba defendiendo a sus trabajadores exigiendo mejoras de condiciones de trabajo. Ahora vamos por eso.
–¿Pueden empezar a cerrar algunas heridas abiertas?
–Sirve mucho, yo creo que es algo que le debíamos a mi viejo, un hombre que peleaba para que todo fuera bajo la órbita de la ley. Esperamos 35 años, mucho tiempo, pero logramos que fuera la ley la que condenara a los asesinos de mi padre. <

Elogios a un fallo judicial “histórico”
 
El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, calificó ayer de “histórica” la decisión de la justicia marplatense que condenó por primera vez a dos civiles por delitos de lesa humanidad y ordenó investigar la responsabilidad del directorio de la empresa Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. “Es la primera vez que un fallo habla de lo que fue la dictadura cívico-militar, porque se condenaron a dos civiles que no formaron parte del aparato estatal de la represión, y además se ordenó que se investigue a quienes instigaron el crimen”, afirmó el funcionario.
El viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó a tres oficiales del Ejército a prisión perpetua y a dos civiles a penas de once y 15 años por el secuestro y asesinato del representante legal de los obreros de Loma Negra al momento de su secuestro en 1977. Para Alén, el fallo “marca un avance en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” que lleva adelante el gobierno nacional, y a su vez elogió que el Tribunal haya dispuesto que el cumplimiento de la pena se efectivice en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
En su sentencia, los jueces señalaron que durante el debate oral surgieron “plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra habrían inducido los delitos” que terminaron con el homicidio de Moreno, y ordenaron remitir los antecedentes del proceso a la justicia.
En su dictamen, el Tribunal ordenó también investigar a dos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y al ex ministro de gobierno James Smart, porque, según Alén, “no investigaron el crimen y utilizaron mecanismos para falsear las investigaciones como el caso de Smart, que suscribió un comunicado falso sobre los hechos”.

sábado, 17 de marzo de 2012

Condenaron a los tres militares y dos civiles

Ordenaron investigar a los directivos de Loma Negra
La lupa en los jueces y empresarios

Por el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, en Tandil, tres militares recibieron prisión perpetua y dos civiles, que cedieron su chacra para que se use como centro clandestino, 11 y 15 años. El rol de la Justicia y la empresa Loma Negra.

Los cantos estallaron en la aula magna de la Universidad del Centro de Tandil apenas el Tribunal Oral Federal terminó de leer la sentencia. Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra emitieron un fallo por “unanimidad” en el que condenaron a prisión perpetua a los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda por la privación de la libertad, tormentos agravados y el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno. El fallo, sin embargo, es un avance por otras varias razones. Los jueces condenaron por primera vez a dos civiles: los hermanos Emilio y Julio Méndez, que cedieron su chacra como centro clandestino, a 15 y 11 años de prisión. Y por primera vez, con las pruebas arrojadas por el juicio en la mano, un tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el sector empresario: en este caso sobre el “directorio de la cementera Loma Negra”, presidido por la hoy difunta Amalia Lacroze de Fortabat por “las sospechas” de haber “inducido” los delitos. Luego de subrayar el carácter de “dictadura cívico militar”, también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento.

Por muchas de esas razones, entonces, la sentencia del juicio oral de Tandil es verdaderamente histórica. Apenas concluida la lectura esperada durante casi 35 años, con todas las pruebas en mano desde el primer momento, los hijos y la mujer de Moreno, Susana Lofeudo, celebraron ese final que hizo estallar en aplausos a la sala mientras se escuchaba el “Como a los nazis”.

“Estoy conforme porque la sentencia demuestra que tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo Matías, uno de los hijos. Y al final, arriba del escenario montado en la calle; expresó: “Mi padre se llamaba Carlos Alberto Moreno, era abogado laboralista de Olavarría y a partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante le ganó varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. El 19 de abril del ’77 lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron: hoy, a 35 años del asesinato, mi viejo ganó un juicio más”.

Atrás, adelante y afuera de la sala, la sentencia congregó a estudiantes y agrupaciones sociales y políticas. Viajó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el diputado y nieto recuperado Horacio Pietragalla y el segundo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación Luis Alén, que destacó que “es la primera vez que un fallo define a la dictadura como lo que fue: cívico-militar”.

Martín, el hijo más chico del abogado, que todavía estaba en la panza de su madre cuando mataron a Moreno, recordó lo que falta: “Ahora vamos por los empresarios de Loma Negra, que son los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, porque eran los perjudicados de que se investigue y se exijan condiciones de trabajo dignas para sus empleados”.
La sentencia

La sentencia validó lo que reconstruyeron los alegatos del fiscal Daniel Adler y el abogado querellante César Sivo. Como punto de partida, el secuestro y homicidio. Y luego, las motivaciones que serán parte de la próxima causa.

Entre otras cosas, quedó demostrado que a Moreno lo secuestraron el 29 de abril de 1977 a punta de pistola en Olavarría y lo llevaron a Tandil. “Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” Lo encontró uno de sus secuestradores que lo recuperó una vez a los tiros. Moreno logró escapar otra vez, pero fue recapturado y llevado a lo de los Méndez. Ese día, 3 de mayo, decía el alegato, “en total estado de indefensión Moreno recibió por lo menos un disparo en el pecho a corta distancia, lo que provocó su muerte”.

Por estos hechos, los jueces condenaron a los cinco acusados. Tommasi era el jefe de área; Pappalardo estuvo a cargo del procedimiento y ordenó liberar a uno de los que lo persiguió a los tiros. Y Ojeda persiguió a los tiros a Moreno. Para los jueces, los tres fueron autores directos. Les suspendieron el goce de la jubilación, ordenaron el arresto en una sede del Servicio Penitenciario Federal y pidieron la destitución del rango de militares.

La condena de los Méndez fue otro eje de la sentencia. Fueron considerados partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad y tormentos. Los jueces sostuvieron que fueron “delitos cometidos en el marco de un genocidio por una dictadura cívico-militar”.

Distinto a otras condenas, los Méndez no fueron parte de las fuerzas de seguridad, ni capellanes ni funcionarios judiciales. Tampoco civiles apropiadores de menores. Eran parte de quienes “dieron cobertura y formaron parte de ese poder civil que hasta hoy se mantuvo escondido y les echó a los militares la culpa de todo”, como dijo Adler. Y “civiles que hicieron un aporte interesado para mantener posiciones económicas y sociales”: Emilio era gerente del Banco Comercial de Tandil, el más importante, y vicepresidente de la Usina Popular: “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”.
Loma Negra

El impacto político más importante de la sentencia es la que involucra a Loma Negra. Moreno era abogado de los obreros de AOMA, la asociación que nucleaba a los obreros de las cementeras, entre ellas, Loma Negra. Denunció y ganó juicios millonarios a la compañía entre otras razones por una afección respiratoria que sufrieron los obreros. Varios testigos, entre ellos su socio Mario Gubitosi, apuntaron a la responsabilidad de la empresa en esa dirección. El alegato lo reforzó al destacar “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo o por codicia”. Sugirió además que Pappalardo actuaba bajo las ordenes del poder económico: “Habrá que investigar si un grupo de tareas del terrorismo de Estado tenía como misión específica detener, torturar y hacer desaparecer a trabajadores y abogados como consecuencia de reclamos y juicios”.

Los jueces dieron crédito a esa opción: “Ante el convencimiento de que las pruebas acumuladas hacen sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra pudieron inducir los delitos, corresponde remitir las copias de los antecedentes para que los investigue la Justicia”.

Finalmente, la sentencia recogió otro reclamo: la responsabilidad del Poder Judicial. El testimonio del juez Carlos Pagliere que intervino en aquellos años ejemplarmente en la instrucción fue clave: relató cómo intentó pedir auxilio en la Corte bonaerense y los ministros después de sugerirle que se aparte y de un llamado de Smart, le anunciaron que el Primer Cuerpo del Ejército había informado que Moreno acababa de morir en un enfrentamiento. Hoy está probado que ese comunicado se tramitó en la Corte el 9 de mayo: ayer, los jueces pidieron la apertura de un sumario por convalidar lo que falsamente se documentó.

viernes, 9 de marzo de 2012

Alegatos en el juicio en Tandil por Carlos Moreno

Para investigar a Loma Negra

La fiscalía y la querella pidieron penas de prisión perpetua para los tres militares involucrados y altas penas para dos civiles. También reclamaron que se indague sobre la responsabilidad de la empresa de los Fortabat.

 Por Facundo Martínez

La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado. Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente.

Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría. Durante cuatro días fue interrogado y torturado en la chacra de los Méndez. El 3 de mayo se fugó. Descalzo, tambaleante, llegó a la chacra de los Bulfoni. Fue recapturado, pero volvió a escabullirse. El secuestrador frustrado le ordenó a la hija de los Bulfoni que lo llevaran a la chacra de los Méndez, donde subió un hombre armado. Partieron en camioneta, lo encontraron atrás de una piedra, le pegaron con una pala y otra vez al centro clandestino. Lo mataron ese mismo día. El Primer Cuerpo de Ejército informó en un comunicado que Moreno fue “abatido” por resistirse a ser detenido. Su cuñado lo reconoció en la morgue envuelto en una manta verde del Ejército, con dos disparos, la nariz quebrada y signos de torturas. Los obreros de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se levantaron al saber del crimen, pero el teniente coronel Ignacio Verdura le exigió a la mujer de Moreno que los calmara si quería el cuerpo. “Moreno era tan querido que hasta los abogados de las cementeras, sus contrapartes en los juicios, firmaron un hábeas corpus por él”, recordó ayer el fiscal Adler.

Tommasi era jefe de área, “un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo”, lo definió Adler. Pappalardo “hizo historia en Tandil”: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. “Yo no compartía el método”, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. “Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados”, dijo el fiscal. “En el caso de la Cooperativa Cretal” mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. “En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”, resumió Adler.

El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular. “El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.

“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”. El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”. El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares. Adler pidió que se investigue si fue “un crimen por encargo o por codicia” y que se indague sobre “las conexiones de estas empresas con el poder militar”. También pidió que se investigue a Verdura, al comisario Rubén Argentino Balquinta y a dos militares de apellido Echeverría y Martínez, mencionados como integrantes del grupo de tareas con base en la chacra de Tandil.

jueves, 1 de marzo de 2012

Detienen a un ex comisario por crímenes de lesa humanidad

El ex jefe de la Policía Bonaerense de Olavarría en la dictadura fue detenido en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Alberto Moreno. Había sido citado como testigo pero fue imputado en una declaración

Alberto Valquinta declara en la audiencia por crímenes de lesa humanidad en Tandil

El ex comisario de la Policía Bonaerense de Olavarría durante la dictadura, Alberto Valquinta, fue detenido acusado de crímenes de lesa humanidad en Tandil durante la audiencia del juicio por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno. En la misma audiencia declararon un socio de la víctima y un ex sindicalista que vincularon a la cementera Loma Negra con el crimen.

El jefe policial de esa ciudad del centro de la provincia durante la dictadura, había sido citado como testigo, pero por la declaración previa del abogado Mario Gubitosi, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata lo procesó por coacción agravada y privación ilegal de la libertad, considerados delitos de lesa humanidad por el contexto en que fueron cometidos.

Gubitosi acusó a Valquinta de haber obligado, bajo amenazas de muerte y con torturas, a tres trabajadores y un sindicalista, a acusarlo de instigar una huelga en la fábrica Losa S.A. Por esa falsa acusación, el abogado fue detenido en la Unidad 7 de Azul entre diciembre de 1976 y marzo de 1977.

Valquinta quedó detenido a disposición del juez federal de Azul, Juan José Comparato.
El policía era el jefe de la comisaría Primera de Olavarría cuando el 29 de abril de 1977, el abogado laboralista Moreno fue secuestrado, trasladado a un centro clandestino de detención y luego asesinado, crimen por el que el TOF de Mar del Plata juzga a dos civiles y tres militares en Tandil.

La empresa. En la misma audiencia, declaró el socio y colega de Moreno, Mario Gubitosi, quien vinculó el secuestro del abogado con los casos de trabajadores enfermos con silicosis –enfermedad causada por la intoxicación pulmonar con sílice- que había ganado a la cementera de Amalia Fortabat.

El letrado recordó que fue detenido en 1976 y que Moreno había tomado los casos que él había abandonado por considerarlos “peligrosos”. También señaló que el hijo del superintendente general de Loma Negra le había contado que con los directivos de la empresa “van a comer asados los jefes del regimiento y otra gente del Ejército y hablan muy mal de vos y de Moreno”.

Como el abogado, el ex secretario general de la Asociación Obreros Mineros Argentinos (AOMA) Loma Negra y ex preso político de la dictadura, Carlos Santiago, apuntó a la empresa y vinculó el homicidio de Moreno, con los juicios por insalubridad en la fábrica.

En su declaración recordó que el sindicalista de AOMA en la dictadura, Juan Icea le había asegurado que los juicios que había ganado el abogado implicaban tomar personal e invertir en seguridad, por lo que para Loma Negra “era mucho más barato y económico matar a una persona que hacer todo eso”.

El juicio continuará mañana con la declaración de testigos. El viernes 9 alegarán la fiscalía y las querellas, el jueves 15 las defensas y finalmente el 16 el tribunal se dictará la sentencia.

Pablo Roesler
pabloroesler@gmail.com