El fiscal Daniel Adler analizó el proceso judicial en que se busca determinar la responsabilidad de dos civiles y tres militares en la muerte del abogado de los trabajadores de Loma Negra, cuando pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat.
El juicio por el secuestro, tortura y asesinato durante la dictadura cívico-militar del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Alberto Moreno, que se realiza en Tandil, tiene entre los cinco imputados a dos civiles. Están acusados de haber provisto a los militares del área 121 del Ejército una quinta para transformarla en un centro clandestino de detención. Pero más allá de la complicidad directa de esos dos vecinos con los crímenes de lesa humanidad allí cometidos, el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, advirtió a Tiempo Argentino que deben investigarse los motivos que llevaron a que el abogado de los empleados de Loma Negra fuera raptado. “Hay elementos que indican la posibilidad de una motivación económica”, señaló a pocos días de que en el proceso judicial comiencen a declarar los trabajadores de la cementera que en aquel entonces pertenecía a la recientemente fallecida Amalia Lacroze de Fortabat.
El juicio por el secuestro y asesinato de Moreno lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata, y se juzga las responsabilidades de los hermanos Emilio y Julio Méndez, del mayor Roque Ítalo Pappalardo, del coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda. El fiscal considera que los testimonios vertidos en las audiencias corroboran la hipótesis de que los dos civiles “facilitaron un lugar para que existiesen personas privadas de su libertad y sometidas a tormentos”, por lo que opinó que “no se trata de simples adherentes, sino de cómplices primarios”.
En la primera audiencia de debate, la familia de Moreno no dudó en señalar a la empresa Loma Negra, que en ese momento estaba en manos de Amalia Lacroze de Fortabat, como instigadora del secuestro del abogado. A pocos días de las declaraciones testimoniales de los trabajadores de la cementera en el juicio y de los alegatos de la querella y fiscalía, Adler analizó la causa y señaló la necesidad de investigar más allá de los autores materiales que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados.
–¿Qué cree que este juicio demuestra acerca de las complicidades civiles con la dictadura?
–En opinión de esta fiscalía, las hipótesis se vienen confirmando. Inclusive hay varios testimonios de personas que han estado en la quinta de los Méndez y hay nuevos testigos del juicio que también imputan hacia los otros coimputados, que son los militares. Hay nuevos testigos que han aportado elementos, así que en mi opinión la prueba se ha visto robustecida durante las audiencias.
–¿Y qué es lo que surgió respecto de las motivaciones del crimen?
–La motivación económica es un tema que flota en todo el juicio. Ha sido recogido a lo largo de las audiencias a través de varios testimonios e inclusive hay prueba documental que lleva a que sea una hipótesis de trabajo bastante fuerte. Es decir, es un abogado que no tenía participación política en ese momento, ni estaba en ese entonces ligado ni participaba en ninguna organización. Es decir, la motivación pasa a ser exclusivamente el ejercicio de su profesión. Hay antecedentes de otros abogados que fueron literalmente raptados por el Estado, es decir que en la hipótesis de que tenga una motivación de codicia empresarial no puede ser descartada. Y en opinión de este ministerio público, es una línea a investigar en el futuro.
–La familia Moreno señaló a la empresa Loma Negra como la instigadora del crimen. ¿Cree que pudo estar involucrada?
–Es un tema que tiene que ser investigado. Yo no lo puedo afirmar ni descartar, antes de realizar una investigación. En mi opinión, con los elementos que existen, es muy probable que el ministerio público, luego de escuchar toda la prueba, realice una petición en ese sentido. Pero no puedo afirmarlo sin tener todas las pruebas. Esto será motivo de análisis para realizar las peticiones ante los jueces. Lo que sí hay, son elementos que indican la posibilidad de una motivación económica.
El abogado Carlos Moreno era oriundo de Olavarría. Tras recibirse en la Universidad Nacional de La Plata regresó a su ciudad donde comenzó a trabajar para la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y representó a los trabajadores de la cementera Loma Negra. Según consta en la causa, en 1977 le ganó un juicio a la empresa de Amalia Fortabat en representación del trabajador Juan Ventura, enfermo de silicosis por falta de condiciones de salubridad en la sección embolsadora de la fábrica de cemento.
Como ese juicio –según señalan los querellantes en esta causa– había ganado otros cuatro en los que la empresa se vio obligada a desembolsar un millón de pesos, que en moneda actual representaría cerca de dos millones de pesos.
Por eso, en cuanto tuvo oportunidad de hablar ante el tribunal, Matías, el hijo mayor del abogado, apuntó directamente a la cementera de la recientemente fallecida millonaria: “Su labor en defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra, en ese momento propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, y con la anuencia y acompañamiento del coronel (Luis) Prémoli, es lo que lleva, definitivamente, al secuestro, tortura y asesinato de mi padre”, le dijo a los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.
Para el sociólogo y militante de HIJOS de La Plata, el compromiso de su padre con los trabajadores es lo que “lo llevó a entrar como abogado patrocinante de muchas causas que tenían que ver con la denuncia de condiciones de insalubridad en las fábricas que tienen que ver con la fabricación de cemento en Olavarría”, relató en la audiencia.
El jueves y viernes próximos en el debate hablarán los trabajadores de Loma Negra. Entre ellos estará, además, el socio de Moreno, el abogado laboralista Mario Gubitosi, quien pasó la dictadura encarcelado por presión de la firma Losa SA, por representar a los trabajadores de las empresas del circuito productivo de Olavarría.
El juicio por el secuestro, tortura y asesinato durante la dictadura cívico-militar del abogado laboralista de Olavarría, Carlos Alberto Moreno, que se realiza en Tandil, tiene entre los cinco imputados a dos civiles. Están acusados de haber provisto a los militares del área 121 del Ejército una quinta para transformarla en un centro clandestino de detención. Pero más allá de la complicidad directa de esos dos vecinos con los crímenes de lesa humanidad allí cometidos, el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler, advirtió a Tiempo Argentino que deben investigarse los motivos que llevaron a que el abogado de los empleados de Loma Negra fuera raptado. “Hay elementos que indican la posibilidad de una motivación económica”, señaló a pocos días de que en el proceso judicial comiencen a declarar los trabajadores de la cementera que en aquel entonces pertenecía a la recientemente fallecida Amalia Lacroze de Fortabat.
El juicio por el secuestro y asesinato de Moreno lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata, y se juzga las responsabilidades de los hermanos Emilio y Julio Méndez, del mayor Roque Ítalo Pappalardo, del coronel Julio Alberto Tomassi, y del suboficial José Luis Ojeda. El fiscal considera que los testimonios vertidos en las audiencias corroboran la hipótesis de que los dos civiles “facilitaron un lugar para que existiesen personas privadas de su libertad y sometidas a tormentos”, por lo que opinó que “no se trata de simples adherentes, sino de cómplices primarios”.
En la primera audiencia de debate, la familia de Moreno no dudó en señalar a la empresa Loma Negra, que en ese momento estaba en manos de Amalia Lacroze de Fortabat, como instigadora del secuestro del abogado. A pocos días de las declaraciones testimoniales de los trabajadores de la cementera en el juicio y de los alegatos de la querella y fiscalía, Adler analizó la causa y señaló la necesidad de investigar más allá de los autores materiales que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados.
–¿Qué cree que este juicio demuestra acerca de las complicidades civiles con la dictadura?
–En opinión de esta fiscalía, las hipótesis se vienen confirmando. Inclusive hay varios testimonios de personas que han estado en la quinta de los Méndez y hay nuevos testigos del juicio que también imputan hacia los otros coimputados, que son los militares. Hay nuevos testigos que han aportado elementos, así que en mi opinión la prueba se ha visto robustecida durante las audiencias.
–¿Y qué es lo que surgió respecto de las motivaciones del crimen?
–La motivación económica es un tema que flota en todo el juicio. Ha sido recogido a lo largo de las audiencias a través de varios testimonios e inclusive hay prueba documental que lleva a que sea una hipótesis de trabajo bastante fuerte. Es decir, es un abogado que no tenía participación política en ese momento, ni estaba en ese entonces ligado ni participaba en ninguna organización. Es decir, la motivación pasa a ser exclusivamente el ejercicio de su profesión. Hay antecedentes de otros abogados que fueron literalmente raptados por el Estado, es decir que en la hipótesis de que tenga una motivación de codicia empresarial no puede ser descartada. Y en opinión de este ministerio público, es una línea a investigar en el futuro.
–La familia Moreno señaló a la empresa Loma Negra como la instigadora del crimen. ¿Cree que pudo estar involucrada?
–Es un tema que tiene que ser investigado. Yo no lo puedo afirmar ni descartar, antes de realizar una investigación. En mi opinión, con los elementos que existen, es muy probable que el ministerio público, luego de escuchar toda la prueba, realice una petición en ese sentido. Pero no puedo afirmarlo sin tener todas las pruebas. Esto será motivo de análisis para realizar las peticiones ante los jueces. Lo que sí hay, son elementos que indican la posibilidad de una motivación económica.
El abogado Carlos Moreno era oriundo de Olavarría. Tras recibirse en la Universidad Nacional de La Plata regresó a su ciudad donde comenzó a trabajar para la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y representó a los trabajadores de la cementera Loma Negra. Según consta en la causa, en 1977 le ganó un juicio a la empresa de Amalia Fortabat en representación del trabajador Juan Ventura, enfermo de silicosis por falta de condiciones de salubridad en la sección embolsadora de la fábrica de cemento.
Como ese juicio –según señalan los querellantes en esta causa– había ganado otros cuatro en los que la empresa se vio obligada a desembolsar un millón de pesos, que en moneda actual representaría cerca de dos millones de pesos.
Por eso, en cuanto tuvo oportunidad de hablar ante el tribunal, Matías, el hijo mayor del abogado, apuntó directamente a la cementera de la recientemente fallecida millonaria: “Su labor en defensa de los trabajadores de la empresa Loma Negra, en ese momento propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, y con la anuencia y acompañamiento del coronel (Luis) Prémoli, es lo que lleva, definitivamente, al secuestro, tortura y asesinato de mi padre”, le dijo a los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela.
Para el sociólogo y militante de HIJOS de La Plata, el compromiso de su padre con los trabajadores es lo que “lo llevó a entrar como abogado patrocinante de muchas causas que tenían que ver con la denuncia de condiciones de insalubridad en las fábricas que tienen que ver con la fabricación de cemento en Olavarría”, relató en la audiencia.
El jueves y viernes próximos en el debate hablarán los trabajadores de Loma Negra. Entre ellos estará, además, el socio de Moreno, el abogado laboralista Mario Gubitosi, quien pasó la dictadura encarcelado por presión de la firma Losa SA, por representar a los trabajadores de las empresas del circuito productivo de Olavarría.
Por: Pablo Roesler
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