Revocaron la prisión domiciliaria de los militares y dictaron la prisión para los hermanos Méndez

En un hecho sin precedentes en la ciudad, se inició el juicio oral y público contra los acusados de la muerte del abogado olavarriense Carlos Alberto Moreno, ocurrido en nuestra ciudad en la última dictadura militar. La noticia que sacudió los ánimos de la jornada fue la decisión del Tribunal, quien revocó la prisión domiciliaria que gozaban dos de los tres militares imputados. Más aún, se dispuso la detención inmediata de los hermanos Méndez, acusados de ser cómplices del aquel asesinato. Tras salir fuertemente custodiados y bajo una lluvia de huevazos de los militantes que estaban afuera, quedaron alojados en la comisaría Primera.

Después de décadas, Tandil vivió algo histórico, impensado para muchos. Los acusados de ser responsables de la muerte del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, estaban en el banquillo de los acusados frente a un Tribunal. Seguidos de cerca, como público,  medio centenar de personas aguardando por una justicia que se hizo esperar.
Más impensado aún que los ex militares en cuestión y los mismísimos hermanos Méndez iban a ser esposados y retirados del recinto como presos comunes.
Afuera de la sala, una horda de jóvenes militantes festejaba la medida cautelar judicial y los iban a secundar hasta el patrullero en medio de una fuerte custodia policial,  a grito pelado, insultos varios y una lluvia de huevazos.
Pasaron años de este caso que es tomado como emblema de lo que representó el circuito represivo de la última dictadura en esta región, y por eso la atención dispensada aquí y más allá también. Como adelantó la querella, esto apenas puede ser el comienzo de una historia de complicidades que hasta aquí poco se ventiló.
Como muestra del botón, el relato de testigos del caso (leídos en la requisitoria fiscal) que aducen que uno (Marcovechio –fallecido-) fue intimidado por el otrora intendente Julio José Zanatelli, el militar Mur y Emilio Méndez, quienes lo citaron en la casa del Barrio Falucho donde lo invitaban a callar todo lo que sabía del caso Moreno, de lo contrario sufriría represalias él y su familia.
Esto como otros “detalles” que se presentaron cual introducción a la acusación fiscal, formaron parte de los argumentos del ministerio público para una larga alocución que fundamentó la convicción de la responsabilidad penal de los imputados.

El cambio de situación penal de los Méndez

Puntualmente a las 13, el Tribunal Federal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, dio inicio a la audiencia, mientras en las puertas de la Unicén aún varios vecinos pugnaban por ingresar y presenciar el trascendente acto judicial.  Ya el fiscal Adler y los abogados querellantes aguardaban su turno, en tanto los defensores flanqueaban a los cinco imputados, los tres ex militares y los dos civiles, que desde horas tempranas ya estaban en el edificio tal lo había previsto el Tribunal para evitar inconvenientes en la antesala al debate.
Cabe consignar que los imputados Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo, José Luis Ojeda; Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez, están acusados de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado.
Los militares Tommasi, Pappalardo y Ojeda, quienes son imputados como coautores, ya se encontraban privados de su libertad, los dos primeros en arresto domiciliario y el tercero en una unidad penal.
Hasta aquí los Méndez arribaban al juicio como partícipes secundarios, argumentando (consta en sus declaraciones) que no tenían conocimiento alguno sobre la actividad que se desarrolló en su quinta. Que nunca facilitaron el reducto para que los militares hicieran lo que hicieron. Empero, el fiscal no creyó en dicha versión y fue –va- por más.
Tal como se adelantó en estas páginas, para la acusación ambos tenían conocimiento de lo que ocurrió en su propiedad, a partir de su estrecha relación con las autoridades militares a partir de su vida social y económica que tenían en la ciudad.
Los funcionarios judiciales argumentaron la medida -celebrada por familiares y allegados de Moreno como así también por las organizaciones de DDHH y políticas movilizadas en Tandil- en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de los testimonios previstos durante el juicio, que serán al menos 70 que se prestarán en el transcurso de unas seis semanas, según se estimó.

Los testimonios

Precisamente de esos tantos testimonios el fiscal detallaría relatos conmovedores que sustancian el grosso expediente y hablan de cómo secuestraron, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a Moreno, aportes que fundan la acusación para todos los imputados. Muchas de dichas declaraciones serán reproducidas desde hoy a las 8.30 por los propios involucrados, de los cuales algunos guardaron silencio público hasta esta instancia y prometen ser reveladores.
Tras la extensa exposición fiscal que demandó más de dos horas, el Tribunal citó a indagatoria a los acusados. Tomassi, Pappalardo, Ojeda y los Méndez se ubicarían en el centro de la escena. Todos, sin excepción, se presentarían y coincidirían en negarse a declarar “por ahora”.
Así, entonces, los jueces dispondrían el cuarto intermedio para hoy, cuando comiencen a desfilar los testigos de una causa emblemática, cargada de simbología para entender lo que representó el circuito represivo de la última dictadura en estos pagos. También promete romper silencios cómplices que hasta ayer convivían por las calles tandilenses sin más, como los Méndez, que ahora debieron dejar la Universidad esposados, fuertemente custodiados frente a una ola de insultos y huevazos. Desde anoche, duermen en uno de los calabozos de la Seccional Primera como el resto de los ex militares acusados. Luego seguirán en la Unidad Penitenciaria de Barker hasta que finalice el juicio. Por la vehemente fundamentación fiscal, será difícil revertir esa situación.