lunes, 13 de febrero de 2012

Tandil: inicio del juicio de lesa humanidad con civiles imputados

El caso Moreno:

Carlos Alberto Moreno fue asesinado en Tandil, en el marco del plan genocida de la dictadura cívico militar. Las audiencias tendrán lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y se prevé su duración hasta el 15 de marzo.

El juicio contiene en su seno ciertas características que destacan su importancia no solo a nivel local y regional, sino también a nivel nacional.

Por un lado, es la primera causa que llega a juicio oral y público de todas las que se iniciaron acerca del circuito represivo en la región. Por otra parte (y esto lo distingue a nivel nacional), tendrá a dos civiles, ambos de enorme importancia en la historia local tandilense por sus respectivos roles económicos y sociales en la ciudad, sentados en el banquillo.

El “Negro” Moreno estaba radicado en Olavarría y era abogado laboralista. Representaba a obreros que trabajaban en empresas vinculadas principalmente a cementeras y canteras y era abogado de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA).

Estaba trabajando sobre las malas condiciones en que desarrollaban sus tareas los trabajadores de la fábrica Loma Negra, especialmente la incidencia sobre la salud de los mismos.

Era militante de la Juventud Peronista y tenía una actividad social intensa por aquellas épocas. Por ese motivo, sobre todo por estar vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores, fue uno de los blancos u objetivos de los grupos que se dedicaron a identificar personas que pudieran tildarse de “subversivas”.

Según testigos presenciales, Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977, cerca de su casa, donde también funcionaba su estudio jurídico, en la ciudad de Olavarría.

Luego fue trasladado a nuestra ciudad y tras permanecer en la Quinta de Méndez, fue asesinado en una presunta fuga el 3 de mayo de ese mismo año. El asesinato fue presentado como producto de un enfrentamiento que, se supone, fue inexistente.

Los imputados:

La instrucción fue llevada a cabo por el Juez Juan José Comparatto, titular del Juzgado Federal Nº 1 en lo Criminal y Correccional de Azul.

Los imputados son tres ex militares: Julio Alberto Tomassi (81), Roque Ítalo Pappalardo (74) y José Luis Ojeda (59) y dos civiles: Emilio Felipe (71) y Julio Manuel Méndez (69).

Los militares Tomassi, Pappalardo y Ojeda, son imputados como autores de los delitos de lesa humanidad de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad agravada por la calidad de la víctima (perseguido político). Ojeda se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, mientras que Tomassi y Pappalardo, gozan de prisión domiciliaria por su edad.

Los hermanos Méndez son imputados como partícipes secundarios de los delitos de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados ya que se les atribuye el haber facilitado a las fuerzas militares un predio de su propiedad, que era la chacra en la que estuvo cautivo Moreno, sabiendo lo que se realizaba allí y se encuentran eximidos de prisión.

La querella:

Además de la fiscalía, habrá otras tres querellas: la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul, la de los familiares de la víctima y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El tribunal:

Actuará el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata integrado por los doctores Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela. Las audiencias están previstas para los días jueves y viernes de cada semana y prestarán declaración alrededor de 70 testigos.

Qué se pretende con el juicio:

La causa Moreno se tramitó hasta la llegada de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que obturaron el avance de toda investigación. Sin embrago, la anulación de las mismas en el año 2003, permitió la reapertura de las causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y posibilitaron llegar a instancias de juicio oral.

Los juicios contra los genocidas y sus cómplices en la actualidad son el resultado de la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos, los familiares y las víctimas para alcanzar la Memoria, la Verdad y la Justicia. Estos juicios tienen una importancia fundamental debido a que implican la posibilidad de obtener justicia por los crímenes perpetrados, conforme a lo establecido por nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y las leyes, en el marco de un Estado de Derecho.

De esta manera se pretende que mediante el juicio se pueda establecer la responsabilidad en base a la prueba que se produzca y la defensa de los imputados goza de todas las garantías legales.

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